Nacionales
Carlos Federico Paredes renuncia como presidente del Banco Central de Reserva
Como noticia de última hora, se dio a conocer este martes, la renuncia del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Federico Paredes Castillo, según confirmaron colaboradores del funcionario.
La renuncia se da en medio de un juicio por delito de estafa en perjuicio de tres víctimas.
Trascendió que el presidente Nayib Bukele pidió a Paredes la renuncia, la cual ya fue presentada y aceptada. «A Paredes ya se le emitió la solvencia de la Presidencia y ello significa que deja el cargo», manifestó la fuente.
Paredes, quien llegó a la presidencia del Banco Central de Reserva el 1 de junio del presente año, acudió el miércoles 20 de noviembre a audiencia en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, junto a César Augusto Alvarado Reyes. Ambos son acusados por la FGR de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas.
A la diligencia fueron convocados tanto los imputados como a las partes procesales, para que comparecieran en una sala de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla.
Según el proceso judicial, Paredes Castillo y Alvarado Reyes, cobraron por varios lotes de una empresa identificada como Lomas de Santa Elena que le pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Los imputados eran los representantes de la sociedad que comercializó los terrenos, dicen las investigaciones.
Las víctimas en el caso aseguran que Paredes Castillo, exdirector del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y Alvarado Reyes, les cobraron aproximadamente $700,000 por 26 lotes que no fueron entregados en su totalidad, pese a los contratos de compromiso de venta que se firmaron.
De acuerdo a la Fiscalía, el hecho por el que es procesado Paredes Castillo ocurrió en 2008.
El juzgado de instrucción programó la realización de esta audiencia luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que no podía anular el proceso como lo solicitó la defensa del funcionario, cuando se presentó la respectiva apelación ante dicha instancia superior judicial, con dicho recurso los abogados defensores buscaba que la Sala revirtiera la decisión de la Cámara de lo Penal de la cuarta Sección de Centro de Santa Tecla, que anuló la decisión del juez Segundo de Instrucción que había sobreseído definitivamente a ambos procesados, tras considerar que ya estaba vencido el plazo de ocho años para juzgar el delito.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
