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Autoridades ganan confianza de los salvadoreños por garantizar la seguridad
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (PNC) llevan a cabo su misión constitucional apegados al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de respeto a los derechos humanos, según la opinión de los salvadoreños reflejada en la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El régimen de excepción, que refuerza la estrategia de seguridad pública Plan Control Territorial, del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cuenta con el apoyo de soldados que junto con policías desarrollan tareas de seguridad y acompañamiento en todo el territorio nacional.
Los encuestados por el Iudop-UCA respondieron tres preguntas relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad: sobre si durante 2023 estuvieron expuestos a abuso policial o militar, si recibieron amenazas de aplicarles el régimen de excepción o si fueron detenidos injustificadamente.
El 98.4 % de los salvadoreños aseguró que no recibió maltrato físico ni fue golpeado por un agente policial, el 93.5 % afirmó no haber recibido maltrato verbal o insulto por parte de los agentes, mientras que el 83.9 % respondió no haber visto a policías maltratar físicamente a otra persona.
Según el mismo sondeo, el 98 % de los consultados dijo que no fue maltratado verbalmente ni recibió insulto de soldados durante el año pasado, el 99.2 % respondió que ningún soldado lo maltrató físicamente o lo golpeó, y el 88.2 % aseguró no haber visto a soldados maltratando físicamente a otra persona.
Asimismo, en los resultados de la encuesta del Iudop-UCA se consignó que el 93.9 % de la población expresó que durante el año recién pasado ni policías ni soldados le amenazó con aplicar el régimen de excepción o detenerlo injustificadamente.
Solo el 6.1 % opinó lo contrario.
La encuesta universitaria tuvo como objetivo evaluar la situación del país en 2023. Fue hecha del 9 al 22 de diciembre último a 1,280 personas a escala nacional, con un nivel de confianza de 95 %.
De acuerdo con la evaluación, los salvadoreños otorgaron una nota de 8.02 al trabajo de la Fuerza Armada, mientras que la Policía recibió una calificación de 7.84.
«Mientras más segura o muy segura se siente la gente en el país, y mientras más opine que la inseguridad disminuyó, es mejor la opinión y la confianza que tienen [los salvadoreños] con respecto a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil [PNC]», comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, al referirse a la ponderación que reciben la institución policial y la castrense.
Estos resultados, obtenidos de un estudio llevado a cabo por una institución académica crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, contrasta el discurso de la oposición política y organismos afines, que afirman que las fuerzas de seguridad tienen mala evaluación por parte de la población debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con la aplicación del régimen de excepción.
Para los sociólogos y analistas René Martínez y Mauricio Rodríguez, tanto la Policía como la Fuerza Armada juegan un rol muy distinto al de décadas anteriores. «Hoy están en función de respetar los derechos del pueblo, en función social, y de construir democracia combatiendo el crimen y la corrupción», manifestó Martínez.
Rodríguez señaló que como salvadoreños «hoy tenemos una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada más capacitadas en el tema de derechos humanos, pero también más capacitadas en combatir delincuencia».
La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,637 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 30 bitcoines en el último mes, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.
Con el precio del bitcóin superando los $76,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $584 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.
La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,633 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.
Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.
Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $584 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.
Una estructura que delinquió como grupo de extermio en diferentes distritos de La Unión y parte de San Miguel, fue condenada a penas de hasta 204 años de prisión.
La resolución fue emitida durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo integrado por 30 personas se autodenominada el diablo de cordoncillo, y delinquió entre 2018 y 2020, en los distritos de San Alejo, Yayantique, El Carmen; y San Antonio Silva, de San Miguel.
«Estos sujetos eran financiados por personas originarias de San Alejo y Yayantique que residían en los Estados Unidos y les pagaban para matar a pandilleros, colaboradores de pandillas y civiles», detalla el reporte de la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal asesinó a una persona y participó en la planeación de nueve homicidios en los distritos de San Alejo y Yayantique, ambos de La Unión.
Entre las personas condenadas están el cabecilla del grupo de exterminio, el segundo jefe al mando, un pagador, 14 ejecutores y 12 colaboradores.
El cabecilla del grupo identificado como Efraín Gutiérrez fue condenado a 204 años de prisión por un homicidio agravado, siete casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas.
En tanto, Juan Diego Marchante Quintanilla y Érick Hernández fueron condenados a 87 años de cárcel por un homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Por similares delitos fueron sentenciados Ramón Francisco Díaz Ayala, a 77 años de cárcel; Adrián Hernández Ortiz, a 72; y Jorge Luis Flores a 69.
El resto fueron condenados a penas menores y en el juicio estuvieron presentes 27 de los 30 imputados.
La riqueza ancestral de Panchimalco trasciende fronteras tras la declaratoria de la UNESCO que incluyó a la Cofradía de las Flores y las Palmas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró este logro conectando a sus sedes diplomáticas en el mundo para fortalecer la protección de estos saberes que unen fe, comunidad y territorio.
Durante el evento, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, destacó que el país asume el compromiso de dar a conocer esta tradición de mayo que refleja la creatividad y espiritualidad salvadoreña.
«Entre los pilares de nuestra estrategia resalta el posicionamiento internacional a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares en el mundo… Es así como vamos a generar exposiciones de flores y palmas en nuestras embajadas y consulados», destacó, la viceministra.
Como parte de esta iniciativa, también se inauguró una gigantografía y la exposición «Entre flores y palmas: identidad, comunidad y ritual en Panchimalco». Esta muestra, que incluye fotografías y elementos museográficos sobre la elaboración de las ofrendas y la procesión, será replicada en las sedes consulares a nivel mundial.
El acto contó, además, con la presencia de la viceministra Adriana Mira, embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, Mario Roberto Vásquez, alcalde de San Salvador Sur, Rogelio Vásquez, director de la Casa del Artista de Panchimalco, representantes de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco, entre otros.
