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Abogado ambientalista asegura que “El delito de desobediencia del señor Salume, debe ser llevado de inmediato a los tribunales”
El ambientalista Sergio Toruño comentó que ya se presentó como parte interesada, en su calidad de ciudadano, en las diligencias de investigación que la Fiscalía debe iniciar como resultado de la resolución judicial pronunciada por el juez Ambiental de Santa Tecla, mediante la cual certificó a la institución perseguidora del delito, el expediente de imposición de medidas cautelares ambientales, por delito de desobediencia de particulares del artículo 338 del Código Penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de PULSEM DE C.V. (empresa dueña del botadero de la Libertad) por haber incumplido las medidas cautelares que le fueron impuestas, específicamente la de no depositar más de 500 toneladas diarias en el botadero situado en el Puerto de La Libertad.
De acuerdo al abogado, “el delito ya se cometió, desde el momento en que el propietario del botadero del Puerto de La Libertad, señor Salume, incumple la orden impuesta por el Juzgado Ambiental, no requiere ni siquiera que haya tenido la intencionalidad de desobedecer, basta que materialmente y basándose en cualquier argumento sin justificación haya continuado recibiendo una cantidad de desechos sólidos de distintos municipios en exceso de las 500 toneladas diarias que establece su permiso ambiental, el cual también está cuestionado”.
Para Toruño, siguiendo el criterio que ha expresado el fiscal general de la República, por transparencia institucional debe proceder a presentarse de inmediato al retorno del periodo vacacional, la acusación penal contra el señor Salume y que sean las autoridades judiciales quienes decidan el rumbo que debe tener la causa penal. Por el contrario, cualquier decisión como dilatar innecesariamente la investigación o archivarla, enviará un mensaje de cierta impunidad o favorecimiento de personas por su posición económica o por influencias políticas.
Recordó el abogado, que el delito de desobediencia presuntamente cometido por Salume, es solamente el primer aspecto de este caso, pues también se está demostrando que la empresa dueña del botadero, ha cometido el ilícito de contaminación ambiental agravada, de acuerdo a los artículos 255 y 256 del Código Penal. “Se trata de una batalla legal, por la defensa del medio ambiente y de las personas que habitan cerca del Botadero del Puerto de La Libertad, especialmente cuando las anteriores autoridades del medio ambiente y el exfiscal general, Douglas Meléndez, toleraron y permitieron que ese sitio estuviera funcionando sin permiso ambiental y además favoreciéndolo para otorgarle el día 10 de diciembre de 2018, de forma ilegal un permiso, a pesar de no cumplir con la distancia mínima entre el sitio de disposición de los desechos sólidos y los núcleos poblacionales contiguos; y de no estar captando y por ende, destruyendo los gases emanados de la basura, los cuales son altamente contaminantes y volátiles, lo cual en cualquier momento debido a la combustión, puede causar una tragedia como un incendio forestal o una explosión que pone en riesgo permanente a las comunidades”, subrayó el Abogado. “Es tan grave, que el abogado de la empresa dueña del botadero, quiso engañar al juez ambiental, presentándole argumentos y pruebas falsas, por lo que procederá a denunciar por el delito de fraude procesal y otros conexos al abogado Luis Elías Botto Zúniga”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado a las comunidades y asociaciones cercanas al botadero propiedad del señor Salume, para que también hagan valer sus derechos constituyéndose querellantes por los delitos cometidos por Nicolás Salume; al ministro del MARN, para que tome cartas en el asunto, ya que tiene debidamente documentado que el botadero incumple con las normas ambientales y está contaminando el ecosistema marino-costero, para que deje sin efecto el permiso que ilegalmente se le otorgó al sitio; al fiscal general, para que vele porque se cumpla la ley y ejerza la acción penal por el delito cometido por el señor Salume.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
