Internacionales
Quién es Santiago Peña, el joven economista que dirigirá Paraguay a la sombra de un controvertido expresidente
Un pañuelo rojo alrededor del cuello y un pin de la Asociación Nacional Republicana.
En 2017, el presidente de Paraguay de aquel momento, Horacio Cartes (2013-2018), no necesitó más que esas dos insignias para coronar al ministro de Hacienda, Santiago Peña, como su heredero en el histórico Partido Colorado.
En uno de los pocos países de América Latina sin segunda vuelta electoral, donde los presidentes no pueden ser reelectos, el ingreso en 2015 de Peña al gobierno conservador lo convirtió en una de las caras visibles de la principal fuerza política del país.
El Partido Colorado, que se mantiene en el poder casi de manera ininterrumpida desde 1947, con la excepción de los años de Fernando Lugo y Federico Franco, lo seguirá haciendo por un nuevo mandato.
Peña, economista de 44 años, logró imponerse este domingo con casi el 43% de los votos, con una amplia diferencia sobre la opción del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, candidato por la Concertación Nacional, una coalición amplia que abarcó a sectores de la centro derecha hasta de izquierda.
El día que estrenó su papel como ministro de Hacienda, Peña seguía siendo parte del opositor Partido Liberal. Fue recién en 2017, después de 21 años, cuando pasó a integrar las filas del Partido Colorado.
Hasta 2015, Peña era un cuerpo extraño en la política nacional.
Economista por la Universidad Católica de Asunción, en donde dio clases de Teoría Financiera y Teoría Económica, en 2001 viajó a Estados Unidos para cursar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, Nueva York.
Peña integró en 2009 el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde dirigió el vínculo del organismo con África. «En esos años me generaba un gran impacto el potencial que yo veía para mi país desde afuera», dijo a la prensa antes de las elecciones internas del partido.
Durante una década fue parte del Banco Central del Paraguay, primero en el área de Investigación Económica y luego como director, pero tuvo que esperar a 2015 para empezar a jugar en la política nacional.
«Peña es una persona que se presenta como tecnócrata, un especialista en economía de alto nivel. La pregunta es si eso puede compensar la falta de capital político», dice a BBC Mundo Magdalena López, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la Universidad de Buenos Aires.
Desde una mirada opuesta, José Duarte Penayo, doctor en Filosofía e hijo del expresidente colorado Nicanor Duarte Frutos, dice que «Peña nace del fracaso del proyecto reeleccionista de Cartes», en referencia al intento frustrado del expresidente en 2017 de modificar la Constitución para habilitar la reelección.
Hace seis años, Peña dijo que sintió que era momento de «bajar a la arena electoral para hacer más» y renunció a Hacienda para postularse como precandidato a presidente de Paraguay. En las internas del partido de 2017, Peña perdió ante Mario
En 2018, una vez terminado el gobierno de Cartes, Peña tuvo su primera experiencia en el sector privado. Ese año, pasó a integrar el directorio del Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, el conglomerado empresarial del expresidente que, según el propio Peña, representa un 2% del PIB nacional.
Entre sus fortalezas está haber pasado por la gestión y haber tejido con paciencia durante estos últimos cinco años un perfil público de mayor alcance. Abdo, al que ahora sustituirá en la presidencia.
Para unos, Peña es el «protegido» de Cartes. Para otros, es quién resguardará al exmandatario en los años que vienen.
En su discurso de celebración de este domingo, Peña le dedicó un especial agradecimiento a Cartes, presidente del partido.
«Tu aporte, presidente, no se paga sino con la moneda del respeto y la admiración. Gracias por esta victoria colorada», dijo Peña.
La situación de su principal aliado no es sencilla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos definió a Cartes a mediados del año pasado como «significativamente corrupto».
«Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito», dice el comunicado del Departamento de Estado.
Las sanciones económicas contra Cartes han alterado el mecanismo de financiamiento de la última campaña política, basado en la solicitud de créditos bancarios.
«Claro que salimos a buscar crédito y nadie nos lo quiso dar debido a la situación de nuestro presidente [del partido, Horacio Cartes]», dijo el diputado colorado Hugo Ramírez al periodista Federico Filártiga.
Los retos del nuevo presidente
Mantener una economía controlada y mejorar su desempeño será uno de los principales desafíos del nuevo presidente, que ha dicho que las cifras macroeconómicas del país, elogiadas en el exterior, no son la única medida de la economía.
Por eso, entre las promesas de campaña está la de responder a las necesidades más urgentes de las personas en condición de pobreza. «Todos los paraguayos deberían sentir esa mejoría, principalmente aquellos más vulnerables», dijo en campaña.
También asumirá con el desafío de crear medio millón de nuevos puestos de trabajo. «Crearemos 500.000 nuevos empleos para que mejore la situación de miles de familias paraguayas», prometió en campaña.
Pero además de la Economía también tendrá que alimentar a partir del 15 de agosto la unidad interna.
«Va a ser un gran desafío poder lidiar con los parlamentarios colorados en una doble situación: sin autonomía propia y con una división entre Mario Abdo y Horacio Cartes», dice Pérez Talia.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
