Internacionales
Presidente electo de Colombia denuncia que Petro quiere dar «un golpe de Estado»
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un «golpe de Estado» y pidió a las Fuerzas Armadas «proteger» la democracia y desobedecer cualquier orden orientada a ese propósito.
Los trámites para la transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto, se desarrollan en medio de tensiones entre el gobierno saliente de izquierda y el presidente electo de extrema derecha, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.
Según De la Espriella, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje celebrado en junio, en el que el abogado obtuvo la victoria por menos del 1 % de los votos sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente electo también acusa al gobierno saliente de corrupción.
«Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», declaró De la Espriella, luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
El mandatario electo calificó la transición como una «auditoría exhaustiva» de la administración de Petro y afirmó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.
En respuesta, Petro escribió en X que De la Espriella «se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (…) y entregó la soberanía nacional para ser presidente».
De la Espriella, quien posee nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y aseguró haber votado por él en las elecciones de 2024. Además, afirmó que bajo su administración Colombia y Estados Unidos tendrán una relación «como nunca antes».
Las diferencias entre Petro y Trump han quedado reflejadas en reiterados desacuerdos sobre política migratoria y la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, Petro afirmó que desconoce la «legitimidad» del presidente electo, sostiene que existió un «fraude electoral» y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida de la Presidencia.
Aunque el senador Iván Cepeda, heredero político de Petro, reconoció los resultados electorales, anunció que se mantendrá en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno.
Sin embargo, observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.
De la Espriella ha prometido impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.
El abogado, conocido como «El Tigre», ha capitalizado el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos del gobierno de Petro para negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década.
Asimismo, el presidente electo amenazó con llevar a Petro, a Cepeda y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Aseguró que estos tienen «miedo» por el «destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (…) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo», aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.
De la Espriella también sostuvo que las denuncias de fraude constituyen una «excusa para incendiar el país».
Mientras tanto, sectores de la derecha expresan preocupación por un eventual estallido de protestas, similares a las manifestaciones respaldadas por Petro contra el entonces presidente Iván Duque entre 2019 y 2021, las cuales dejaron decenas de fallecidos.
Pese a la suspensión de la participación del equipo del presidente electo, Petro aseguró que el proceso de transmisión de mando continuará.
«Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», escribió el mandatario en su cuenta de X.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
