Venezuela “tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países” y la captura de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una “grave violación al derecho internacional”.

Así respondió este lunes 22 de diciembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, tras la incautación el pasado sábado de un petrolero frente a las costas del país latinoamericano, por segunda vez en menos de dos semanas.

Beijing «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», agregó la Cancillería del gigante asiático, aliado de Caracas.

Según señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, se trató del petrolero ‘The Centuries’, cargado en Venezuela, con “bandera falsa”, bajo el nombre de «Crag» y parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el diario ‘The New York Times’ subrayó que ‘The Centuries’, no figura en la lista de petroleros sancionados por EE. UU. que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.

El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.

Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

La ocurrida el sábado 20 de diciembre fue la segunda incautación en cuestión de días. El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.

Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico.

El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió públicamente repetir las elecciones presidenciales en Honduras. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en medio del escrutinio especial.

Nasralla afirmó que el proceso electoral es “totalmente falso” y aseguró tener pruebas de fraude electoral. Según su declaración, existen actas que no se han contado de forma deliberada.

Además, advirtió que no aceptará un resultado oficial si se proclama un ganador antes del cierre del escrutinio especial. Sostuvo que las autoridades buscan impedir la revisión completa de las actas.

La propuesta de repetir las elecciones generó un rechazo inmediato dentro del propio Partido Liberal. Dirigentes y diputados liberales marcaron distancia de la postura de Nasralla.

El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), Yani Rosenthal, reiteró su oposición a una nueva elección presidencial. Aseguró que esa posición representa de forma clara la línea institucional del partido.

Rosenthal señaló que el Partido Liberal debe respetar las reglas del proceso electoral. Indicó que corresponde continuar con el escrutinio especial y agotar los recursos legales existentes.

En su pronunciamiento, Rosenthal afirmó que la repetición de elecciones no tiene sustento legal en este momento. Sostuvo que desconocer un proceso en curso resulta contradictorio y peligroso.

“El único interesado en repetir elecciones es Libre”, declaró, al señalar que ese partido busca romper el orden constitucional. Según Rosenthal, el camino institucional exige respetar las etapas del proceso electoral.

También advirtió que desacreditar el desarrollo de las elecciones debilita la institucionalidad democrática. Insistió en que el Estado de Derecho ofrece mecanismos legales para resolver disputas electorales.

Diputados liberales refuerzan el rechazo
La diputada liberal Maribel Espinoza rechazó de forma tajante cualquier intento de repetir las elecciones generales en Honduras. Afirmó que esa propuesta responde a intereses políticos ajenos al orden democrático.

“No a la repetición de elecciones generales para ayudarle a Libre a destruir la democracia”, expresó la parlamentaria. Agregó que el contexto actual pone a prueba la coherencia de los liderazgos políticos.

Espinoza recordó que todos los partidos aceptaron las reglas electorales antes de los comicios. Subrayó que el Partido Liberal se sometió al proceso bajo ese marco legal.

Tensión política y efectos en el país
Las declaraciones de Nasralla se producen en un contexto de alta tensión política por el escrutinio especial. El proceso ha estado marcado por denuncias, bloqueos y confrontaciones entre actores políticos.

Analistas señalan que el llamado a repetir elecciones aumenta la incertidumbre institucional. También advierten que ese planteamiento puede profundizar la polarización política en Honduras.

Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con la revisión de actas. El desarrollo del escrutinio especial se mantiene como el mecanismo central para resolver las disputas electorales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.

Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.

La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.

Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.

Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.

Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.