Internacionales
Panamá realiza primer vuelo de deportación de migrantes tras firma de acuerdo con EE.UU.
El Gobierno de Panamá llevó a cabo este martes el primer vuelo de deportaciones con 29 migrantes colombianos que ingresaron de manera irregular por la selva el Darién. La acción forma parte del memorando de entendimiento que las autoridades firmaron con Estados Unidos el 1º de julio para frenar los flujos migratorios.
Los migrantes caminaron esposados de manos y pies hacia el avión en el aeropuerto Albrook Gelabert, mientras eran custodiados por agentes policiales.
El viceministro de Seguridad de Panamá, Luis Felipe Icaza, reveló que está previsto otro vuelo para el viernes o sábado y que ya se estableció contacto con Ecuador e India. Sin embargo, la frecuencia de los vuelos se irá programando según la tramitología de los casos, dijo.
Icaza informó que algunos migrantes de este primer vuelo tenían antecedentes penales. «Una de estas personas con antecedentes está marcada con un caso de alto perfil, ya que está vinculada al Clan del Golfo, uno de los principales grupos narcotraficantes que operan en la región», señaló en conferencia de prensa.
El director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, comunicó que el flujo migratorio irregular ha disminuido un 30 % luego de que cerró con una barrera perimetral tres puntos de acceso en la selva.
En lo que va del año, las autoridades han registrado a más de 230 mil personas ingresando de manera irregular por el Darién. Solo en lo que va de agosto la cifra asciente a 8,000 casos.
«Estamos monitoreando la situación de Venezuela y las medidas que vayamos tomando las haremos públicas en su momento», adelantó Mojica.
La agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, Marlen Piñeiro, señaló que la deportación «demuestra el compromiso de ambos países por abordar juntos la migración irregular en Darién»
«Lo que buscamos ambos países es que las personas dejen de poner sus vidas en riesgo migrando de manera irregular a través de Darién, exponiendo a su familia a violaciones sexuales, robos, violencia, extorsión e incluso la muerte», aseguró Piñeiro.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
