Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró esta madrugada un operativo conformado por 25 militares y cinco policías en La Guacamaya, en el municipio Zamora del estado de Aragua. Fue en respuesta a un presunto «atentado terrorista» registrado en una hacienda.

No se había registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada.

Silva Zapata, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en el ataque, según un parte de la Policía de Aragua, difundido por El Universal. Los guardias nacionales fueron identificados como el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los agentes eran el oficial jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arraiz.

«Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados aún por identificar, quienes sin mediar palabras y aprovechándose del relieve de la zona dispararon en contra la comisión.

Se originó un intercambio de disparos volcándose una unidad y dejando a cuatro funcionarios castrenses y dos funcionarios policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados dos funcionarios policiales y dos funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay», sostiene el parte policial.

El mayor Bitriago Jauristi, uno de los heridos, se encuentra en estado crítico por una lesión hipogástrica. «Está siendo intervenido quirúrgicamente y su condición de salud es delicada», reveló la fuerza.

El teniente Soler Hernández está estable. También están fuera de peligro el supervisor Manuel Balsa y el oficial Oswaldo Oviedo.

Por el momento, ningún funcionario de gobierno se ha referido a lo ocurrido.

Presencia de grupos armados

Múltiples organizaciones armadas tienen presencia en Venezuela. La gran mayoría están políticamente alineadas con el régimen de Nicolás Maduro y actúan en el oeste y en el sudoeste del país, en torno a la frontera con Colombia.

Días atrás, 12 viviendas del municipio Junín, del estado Táchira, amanecieron marcadas con «+ ELN» y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano. No hacía falta mayor explicación. Era una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias estaban sentenciados si acudían al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo.

Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos, la región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman Gochos, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia.

De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Laidy Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. También es la tierra del fallecido y dos veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el Gobierno y está en la lista de los amenazados. Es de Rubio.

Las marcas del ELN llegaron a la iglesia Santa Lucía, en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. El 23 de febrero, logró llegar a la Aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente Internacional Simón Bolívar, con la sotana llena de perdigones luego de que en la alcabala Las Dantas, en la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo, quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso.

Los otros amenazados fueron Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del partido Acción Democrática; Jacson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de Copei y es profesor; Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario; Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, ex director de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia; Ana Velazco, reconocida líder de Voluntad Popular y profesora; Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario; Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y directivo del Frente Amplio; Danny Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de Copei, bastante persistente en las protestas. Y a quien identifican en el panfleto como «Izaac resistencia», quien es un dirigente de la juventud.