Internacionales
EEUU evalúa la salud de los menores inmigrantes tras muerte de dos niños
Las autoridades de EEUU han comenzado a someter a exámenes médicos a todos los menores inmigrantes bajo su custodia después de que este martes falleciera un segundo niño guatemalteco tras haber sido detenido por cruzar irregularmente la frontera con México.
En las pruebas médicas tendrán prioridad los niños menores de 10 años, informó hoy en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
En una llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria y que supervisa la CBP, afirmaron que el «95 por ciento» de los menores inmigrantes en su custodia ya han pasado esos exámenes médicos, que se realizan después de una primera prueba en el momento del arresto.
Los funcionarios no precisaron en qué consisten esos exámenes y tampoco detallaron cuántos menores se encuentran bajo su custodia.
Solo en el año fiscal 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) llegaron a EE.UU. casi 400.00 inmigrantes, de los que 50.000 eran menores que viajaban solos sin sus padres.
Por otro lado, la policía fronteriza anunció hoy que está evaluando el cuidado que presta a los menores de 10 años cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.
En el día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años, identificado como Felipe Gómez Alonzo, murió en un hospital del estado de Nuevo México por causas que aún se desconocen y después de haber estado bajo supervisión de la policía fronteriza durante más de una semana.
Las normas del Gobierno de EEUU fijan que los inmigrantes no deben ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la CBP, que suelen estar destinadas para una estancia temporal y no cuentan con recursos para garantizar el bienestar de los más pequeños.
Según la información publicada hoy por la CBP, Gómez Alonzo y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre a las 13.00 hora local (20.00 GMT) a unos 5 kilómetros de un punto oficial de entrada al país situado en el puente que une la localidad texana de El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México).
Durante dos días estuvieron en un centro de procesamiento de la CBP; luego pasaron a las instalaciones de esa agencia en El Paso y el 23 de diciembre llegaron a Alamogordo, en Nuevo México.
Fue en Alamogordo donde, al día siguiente, un agente fronterizo observó que el niño estaba tosiendo y tenía los «ojos brillantes», por lo que fue trasladado al hospital Gerald Champion Regional.
Una vez allí, los doctores determinaron que el pequeño sufría un resfriado común; pero, luego, comprobaron que tenía una fiebre de 39,5 grados y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, después, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.
Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital.
Su muerte fue certificada a las 23.48 horas (06.48 hora GMT) del día 24, en Nochebuena, según detalló hoy la CBP, que en principio dijo que el menor había fallecido en Navidad.
Este es el segundo niño que muere en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El 8 de diciembre, la guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 años, perdió la vida en un hospital de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.
El comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, afirmó hoy que sus agentes están haciendo «docenas» de viajes al hospital cada día con niños que muestran síntomas de alguna enfermedad.
Al respecto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que ha habido un incremento en el número de migrantes que llegan a EEUU con alguna dolencia y, ahora, están investigando si esas personas han contraído alguna enfermedad en los albergues donde se hospedan en México.
La titular de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, está en contacto con miembros del Gobierno mexicano y tiene previsto viajar esta semana a la frontera, detallaron los funcionarios.
El Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación interna tras la muerte de la primera menor, pero legisladores del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman una investigación independiente sobre las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.
Con información de EFE
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
