PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.

Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.

«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.

La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.

«Sigo luchando»

Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.

Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.

«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.

Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.

Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.

En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.

Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.

«Paz social»

Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.

Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.

En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.

El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.

Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.

«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.

Los encargados del aeropuerto internacional de la ciudad sureña de Dunedin indicaron que les sorprendió la respuesta viral a la regla impuesta en la zona para dejar pasajeros.

«Para que las cosas fluyan sin problemas, instalamos rótulos nuevos, incluyendo el de ‘Tiempo máximo de abrazos 3 minutos’», indicó el ejecutivo de la terminal, Daniel De Bono.

«Es nuestra forma no convencional de recordar a la gente que la zona de dejar pasajeros es para despedidas rápidas», explicó.

«Y no se preocupen, un abrazo de 20 segundos es suficiente para liberar oxitocina y serotonina, las hormonas de la felicidad que aumentan el bienestar, así que tres minutos es suficiente tiempo para despedirse y recibir su dosis de felicidad» agregó.

Quienes desean un abrazo más largo pueden usar el estacionamiento, donde los primeros 15 minutos son gratuitos.

La restricción a los abrazos se hizo viral y causó división de opiniones en redes sociales.

«¿Policía de abrazos? ¡Esto es raro! Está probado que los abrazos tienen beneficios, sin mencionar la salud mental», comentó un usuario en la página de Facebook del aeropuerto.

Los topes a los abrazos comenzaron en septiembre sin mayor reacción, pero luego el impacto fue abrumador.

«Nos ha sorprendido el interés mundial que ha tenido», comentó Sarah Soper, ejecutiva de marketing y comunicación del aeropuerto.

Honduras entregó este miércoles a Estados Unidos a un supuesto traficante de fentanilo casi dos meses después de cancelar el tratado de extradición entre ambos países, informó la policía.

«Ya se fue» el avión de la agencia antidrogas estadounidense DEA que transporta a Javier Marín Gonzales y que despegó del aeropuerto de Palmerola, unos 50 km al norte de Tegucigalpa, dijo a la AFP el portavoz de la policía, Edgardo Barahona.

Marín Gonzales, de 25 años, había sido capturado el 7 de septiembre y la justicia hondureña autorizó el 7 de octubre su extradición, solicitada por la justicia federal de California (oeste de Estados Unidos).
Según las investigaciones, era «uno de los líderes» encargados de «dirigir, gestionar y distribuir fentanilo en la bahía de San Francisco», California, dijo el Poder Judicial en un comunicado.

El fentanilo es un opioide sintético producido legalmente por laboratorios y usado en la medicina como analgésico, pero también es empleado como droga.

En Estados Unidos ha causado una epidemia de adicciones, con más de 70.000 fallecimientos anuales por sobredosis, hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.

El pasado 28 de agosto la presidenta izquierdista hondureña, Xiomara Castro, dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que podría servir para preparar un «golpe de Estado» en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el exmandatario Manuel Zelaya.

En base a este tratado vigente de 1912, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar acusados de narcotráfico.

Uno de ellos fue el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en junio pasado por una corte de Nueva York a 45 años de cárcel acusado de «conspirar» para enviar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

Marín Gonzales es el segundo supuesto narco hondureño extraditado a Estados Unidos tras la decisión de poner fin al tratado. El primero fue Mario José Cálix, entregado el 4 de septiembre.
Según el tratado, a partir de su denuncia sigue vigente por seis meses, por lo que caducará el 28 de febrero.