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Brasil colapsa por el COVID-19, Bolsonaro responde: «No voy a decretar el confinamiento»
«Ya colapsamos. Socorro. Necesitamos ayuda. ¿Algún estado con sitio en sus Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos puede ayudar?». Este fue el desesperado mensaje que lanzó a sus colegas Gilberto Figueiredo, secretario de Salud del estado de Mato Grosso.
Unos 59 contagiados por coronavirus esperan en Mato Grosso para poder acceder a una cama en la UTI y 390 aguardan en Santa Catarina, donde en febrero murieron 36 personas tras no conseguir plaza para ser atendidas. Pará ha decretado el estado de «calamidad pública» y el resto de los 23 estados y el Distrito Federal (DF) también atraviesan situaciones complicadas.
Brasil vive una momento realmente crítico. El domingo alcanzó 80.508 nuevos casos y 1.086 muertes en la últimas 24 horas y superó los once millones de infectados y los 265.000 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación en Brasil es «muy seria, muy preocupante» y considera que el país tiene que adoptar medidas «agresivas».
Colapso hospitalario por la nueva variante
A las puertas de un colapso hospitalario a nivel nacional y la amenaza de la P1, la nueva variante brasileña propagada por todo el país, los gobernadores de 21 estados –de un total de 26– y del DF piden la creación de un pacto nacional con medidas restrictivas y preventivas para frenar el avance de la pandemia.
«De nada sirve que mi estado lo haga [adoptar medidas] y el otro no (…) está claro que lo ideal es hacer como otros países y que se encargue el poder central. EE.UU. no lo estaba haciendo en la época de Trump, pero sí lo lleva a cabo ahora con Biden», comentó el gobernador de Piauí, Wellington Dias, portavoz del grupo, durante una entrevista a GloboNews.
Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro ha rechazado las medidas propuestas por los gobernadores para frenar el coronavirus y este lunes mantuvo su discurso. El mandatario afirmó que «su Ejército» no va «a obligar al pueblo a quedarse en casa» y consideró que «algunos se están excediendo».
«Algunos quieren que decrete el ‘cierre total’. No lo voy a decretar. Pueden tener clara una cosa: mi Ejército no va a salir a la calle para obligar al pueblo a quedarse en casa», dijo.
Por otro lado, este lunes los gobernadores se reunieron con el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, y representantes de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) para discutir sobre la manera de agilizar la vacunación.
«No podemos estar en una operación de guerra y que Anvisa [Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria] aplique exigencias propias de un periodo de normalidad», advirtió Dias.
La campaña de vacunación
El proceso de vacunación en Brasil comenzó el 18 de enero y desde entonces se han aplicado dosis a un 3,88 % de la población. El suministro de vacunas es uno de los temas de mayor preocupación en Brasil y crecen las críticas sobre la lentitud por parte del Gobierno para cerrar acuerdos. Por el momento, se están administrando la Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, y la del grupo anglo-sueco AstraZeneca.
La semana pasada, en medio de la preocupación por el alto número de muertos y contagiados, Bolsonaro llamó idiotas a quienes pedían al Gobierno agilizar la compra de vacunas.
Según los analistas, la gravedad de la crisis sanitaria y económica –con una caída histórica de un 4,1 % del PIB en 2020– ha empujado a Bolsonaro, asesorado por su entorno, a cambiar el discurso sobre las vacunas.
El Gobierno anunció este lunes una vacunación en masa contra el covid-19 e informó que el país se abastecerá en junio de 14 millones de dosis vacunas de la farmacéutica Pfizer. El ministro de Economía, Paulo Guedes, explicó que fue Bolsonaro quien habló directamente con el presidente de Pfizer, Albert Bourla.
Una reunión que, según Folha de S. Paulo, no estaba prevista y forma parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el desgaste creado por el mandatario.
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
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Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
