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138 años de cárcel para subjefe de un grupo de exterminio
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Agustín de Jesús Rivas López sea condenado de 138 años de prisión, por homicidio agravado y robo agravado. La FGR acreditó en el juicio la existencia del grupo de exterminio denominado Paz o Muerte, en el que el imputado tenía el cargo de subjefe.
Los alegatos finales y las pruebas técnicas, científicas y periciales presentadas en el juicio por el ente fiscal, fueron aceptadas por el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, el cual declaró culpable a Rivas López de tres homicidios agravados y 4 robos agravados, cometidos entre 2020 y 2021
El tribunal condenó a 30 años cárcel a Rivas López por cada asesinato, en total por este delito fue sentenciado a 90 años de prisión; mientras que por robo agravado la condena impuesta fue de 12 años por cada caso, es decir que recibió una sentencia de 48 años de prisión. En total el imputado fue condenado a 138 años de cárcel.
Según la acusación fiscal, el 3 de enero de 2021, en el cantón Obrajuelo, jurisdicción de Usulután, Rivas López junto a varios miembros del grupo de exterminio simularon ser policías y soldados, para realizar un supuesto operativo policial.
Los delincuentes sometieron con armas de fuego a Jared Baltazar Argüello y a tres víctimas más, además les robaron 7 armas de fuego, entre pistolas, escopetas y revólver; con un valor económico aproximado en $7,000, además de 5 celulares y $20,000 en efectivo.
La investigación fiscal determinó que después del robo, el imputado asesinó con arma de fuego a Argüello.
Rivas López fue encontrado culpable de asesinar a José Saúl Coreas, el 30 de diciembre de 2020 en cantón Primavera, jurisdicción de El Tránsito, San Miguel.
“El grupo de exterminio, incluyendo al imputado, se identificaron como policías, sacaron a la víctima de una vivienda y le informaron que quedaría detenido por ¨agrupaciones ilícitas” y posteriormente lo mataron con un arma de fuego”, manifestó un fiscal de la Unidad de delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la sede fiscal de Usulután.
El imputado también fue sentenciado por asesinar el 29 de marzo de 2021 en la colonia Vista Hermosa, de Usulután, a Bryan Alexis Amaya. Según el reporte fiscal Amaya fue asesinado con arma de fuego.
Además de la pena de prisión Rivas López, deberá pagar $39,275 en concepto de responsabilidad civil.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
