El Tribunal 3° Sentencia de San Salvador sentenció a 22 años de cárcel, a José Mariano Alexander Guzmán; por los delitos de extorsión y por limitación ilegal a libertad de circulación; la pena comprende 10 y 12 años respectivamente por cada delito, en perjuicio de una víctima y su grupo familiar.

El juez en el fallo argumentó que las pruebas, así como la declaración de la víctima demostraron que es responsable directamente de cometer los ilícitos; entre las pruebas también está el reconocimiento del acusado en rueda de personas.

Se comprobó que el ahora condenado en una colonia del municipio de Apopa, en San Salvador, el 14 de septiembre del año pasado, llegó a la vivienda amenazar de muerte a la víctima y a su familia; asimismo a exigirle la cantidad de $ 400 dólares; estos le manifestaron que no tenían dinero pero que lo iban a conseguir con familiares; por lo que el 20 de septiembre llegó a traer el dinero acompañado de otro pandillero.

Luego de los hechos anteriores llego nuevamente en enero de 2021 y les manifestó que los tenían que entregar cada 15 días, a lo cual ellos manifestaron que no los tenían; por tal razón Guzmán les dijo que entonces debían desalojar la vivienda en el término de dos horas. La víctima y su familia abandonaron la vivienda por temor a las amenazas, ya que es un pandillero reconocido de la zona.

La comisión especial de la Asamblea Legislativa continuará mañana con la investigación de los funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN que recibieron sobresueldos de la partida secreta de Casa Presidencial.

El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, anunció que son tres las personas que declararán por este tema.

Hasta esta hora, la comisión había citado públicamente a Salvador Samayoa, expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de 1998 a 2004. También debe comparecer Roberto Rubio, exmiembro de la Comisión Nacional de Desarrollo. Rubio es el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Además, Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) entre 2009 y 2013, siendo el primer exfuncionario del gobierno del FMLN que debe declarar ante la comisión especial.

El presidente de la comisión especial también informó que esta semana sostendrá “una reunión muy importante en la Fiscalía para buscar, precisamente, impulsar un par de procedimientos”.

Asimismo, reiteró que el trabajo de la comisión es recolectar las pruebas en contra de los exfuncionarios y entregarla a la Fiscalía, para que inicie las investigaciones.

“La Fiscalía ya prepara los casos. Modificamos la prescriptibilidad [y] ya verá que se les hará pagar”, anunció el presidente de la comisión especial.

En la sesión plenaria del 7 de septiembre pasado la Asamblea -por iniciativa de ley de Nuevas Ideas- reformó el artículo 32 del Código Penal para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción, y dejó establecido que estos ilícitos podrán ser investigados retroactivamente; es decir, aunque hayan trascurrido 10 años desde que fueron cometidos.

La comisión especial ha señalado que el pago de sobresueldos fue una práctica ilegal de los gobiernos de ARENA y el FMLN. En este sentido, ya fueron citados a declarar el expresidente de la república Alfredo Cristiani, su secretario privado Arturo Tona, el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, el expresidente Elías Antonio Saca, y su secretario privado Élmer Charlaix.

Una terrible escena fue la que descubrieron los familiares de quien fuera en vida Antonio Álvarez, luego de encontrar su cuerpo colgado de un polín, al interior de su vivienda en caserío Los Morenos, del municipio San José La Fuente, La Unión.

De acuerdo con testigos que presenciaron el hecho, el joven de 28 años fue encontrado en el corredor de la casa, aparentemente con señales de haberse ahorcado.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y medicina legal acordonaron el lugar para iniciar las investigaciones y determinar porque el muchacho tomó la fatal decisión.

Extraoficialmente se conoció que el ahora fallecido tenía problemas económicos y que esa habría sido la razón para atentar contra su propia vida; sin embargo, las autoridades aun no manejan una hipótesis certera.