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Privatización de recolección de la basura en San Salvador generó más gasto a capitalinos
Desde febrero del presente año la alcaldía de San Salvador paga más dinero por la recolección de la basura y por el traslado de la misma hasta su disposición final, luego que el alcalde Ernesto Muyshondt firmara un contrato con las empresas TRADESS S.E.M. de CV (Transporte de Desechos de San Salvador) de origen salvadoreño y con la colombiana ATESSA S.E.M. de CV (Aseo Técnico de San Salvador).
Según el nuevo tarifario, la comuna paga un dólar de más por tonelada en el transporte de las góndolas que pasó de ser de $15.28 a los $16.28.
En ese sentido y en un cuadro comparativo que ha circulado en redes sociales se demuestra que entre enero y junio la alcaldía habría recolectado unas 84 mil 321.64 toneladas de basura y con la tarifa del 2019 pagó 1 millón 288 mil 434 con 66 centavos de dólar, pero con el ajuste que hicieron en el 2020, la comuna pagó 1 millón 372 mil 756 con 30 centavos de dólar.
Lo que representa que por ese incremento la comuna capitalina pagó 84 mil 321 con 64 centavos de dólar.
Sin embargo, el mayor impacto generado es en la recolección de la basura en los mercados municipales de San Salvador, donde paga $64.41 por tonelada.
En el cuadro comparativo se detalla que entre febrero y junio habrían recolectado 7,035.37 toneladas de basura a un costo de $64.41 con la tarifa del 2020, lo que hace un monto de $453,148.19.
Por esa misma cantidad de basura al precio mensual de $24,528.25 del 2019 la alcaldía hubiera pagado $147,169.50. Esto significa que hubo un desembolso de $305,978.69.
La recolección de la basura en los mercados el costo fijo era de $24,528.25 al mes y con el incremento la comuna paga entre los $59,512.91 y los $93,544.58 mensuales.
A principio del presente año ASTRAM denunció que ambas compañías luego de su creación en tiempo récord, firmaron contratos con una vigencia de 10 años con la alcaldía capitalina para brindar los servicios antes señalados.
En esa ocasión se revelaron que por TRADESS S.E.M. de CV firmaron contrato el Director Presidente y representante legal de dicha empresa, Oscar Andrés Bonilla Monterrosa con el alcalde Ernesto Myshodnt.
Mientras que por ATESSA S.E.M. de CV, el acuerdo fue firmado entre el edil capitalino y la colombiana Martha Isabel Medina García, quien es Directora Presidenta y representante legal de dicha empresa.
Por este caso el ministro de Trabajo, Rolando Castro dijo recientemente tener pruebas que el remanente de dinero por el incremento retorna al alcalde Ernesto Muyshondt y que por este motivo la comuna paga de forma puntual a ambas empresas, no así el dinero de AFP´s, ISSS y de los préstamos personales de los empleados que les son descontados y no son enviados a los destinos finales.
“En este país debemos sentar precedente en función de los más vulnerables, NO se vale que del dinero de los trabajadores sirva al Alcalde de San Salvador, para hacer negocios oscuros, NO se vale y tiene que pagar en la cárcel, él y su grupito corrupto”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
Y con relación al alto costo en la recolección de la basura en San Salvador, Rolando Castro les dijo a los del partido ARENA que si ellos reclaman al Ejecutivo transparencia, “deben dar una mirada a lo que sucede con su gobierno municipal y esto es apenas la punta del iceberg, NO solo saquearon el país, lo siguen haciendo”.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
