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Pacientes renales exigen al ISSS proveer medicina que descontinuó para bajar costos
Los pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido amparados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron una nueva demanda pública a las autoridades del Seguro Social (ISSS) en el sentido que les provea la medicina que descontinuó con la intención de bajar costos en la institución.
Por medio de un comunicado, los pacientes aglutinados en la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal) se acogen al fallo favorable que recibieron el pasado 2 de julio en el cual se señala que el ISSS estaría vulnerando sus derechos a la salud y a la vida luego de cambiar una de las medicinas que recibían como parte de su tratamiento.
Los magistrados de la Sala dicen haber comprobado que el Seguro modificó la provisión de medicamentos, no obstante, el actual también daría los mismos resultados. Se trata de epoetina beta, el cual fue sustituido por eritropeyitina alfa.
Los pacientes renales señalan “al devolvernos el medicamento de epoetina beta de aplicación mensual, nos devuelven la calidad de vida que como derechohabientes merecemos”. Según ellos, esta medicina ha comprobado dar mejores resultados y reduce los efectos secundarios.
El fallo de la Corte establece que ambos medicamentos (epoetina beta y eritropeyitina alfa) pueden mantenerse dentro del listado oficial de medicamentos del Seguro Social y que dependerá del cuadro clínico de cada paciente determinar cuál de ellos aplicar.
Sin embargo, con su nuevo pronunciamiento público, los pacientes aglutinados en Apredesal exigen que solo se les aplique una de las medicinas: epoetina beta.
“Exigimos que se cumpla el fallo dictado por la Honorable Sala de lo Constitucional en favor nuestro, garantizándonos el acceso al tratamiento médico adecuado para nuestro padecimiento considerando el análisis de la evolución de nuestra enfermedad, el resultado obtenido con los tratamientos anteriores, los efectos secundarios del medicamento que actualmente nos administran y el impacto que este produce en nuestra calidad de vida”, exponen los pacientes renales en su pronunciamiento, ideas que retoman de la sentencia de la CSJ.
Durante meses, los pacientes renales señalaron diversas críticas en contra de las autoridades del ISSS por el cambio en sus tratamientos para lo cual realizaron una campaña mediática, además de presentar denuncias a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional.
El pasado 2 de julio, los magistrados constitucionales resolvieron “ha lugar” el recurso presentado por tres pacientes renales.
En la sentencia publicada (de 20 páginas) se expresa, entre otras cosas: “En consecuencia, fue atentatorio contra los derechos a la salud y a la vida de los peticionarios y del resto de paciente renales en tratamiento de hemodiálisis que las autoridades demandadas (ISSS) incluyeran en el LOM (Listado Oficial de Medicamentos) y posteriormente universalizaran la aplicación del medicamento eritropeyitina alfa por motivos puramente económicos”.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
