Nacionales
Pacientes renales exigen al ISSS proveer medicina que descontinuó para bajar costos
Los pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido amparados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron una nueva demanda pública a las autoridades del Seguro Social (ISSS) en el sentido que les provea la medicina que descontinuó con la intención de bajar costos en la institución.
Por medio de un comunicado, los pacientes aglutinados en la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal) se acogen al fallo favorable que recibieron el pasado 2 de julio en el cual se señala que el ISSS estaría vulnerando sus derechos a la salud y a la vida luego de cambiar una de las medicinas que recibían como parte de su tratamiento.
Los magistrados de la Sala dicen haber comprobado que el Seguro modificó la provisión de medicamentos, no obstante, el actual también daría los mismos resultados. Se trata de epoetina beta, el cual fue sustituido por eritropeyitina alfa.
Los pacientes renales señalan “al devolvernos el medicamento de epoetina beta de aplicación mensual, nos devuelven la calidad de vida que como derechohabientes merecemos”. Según ellos, esta medicina ha comprobado dar mejores resultados y reduce los efectos secundarios.
El fallo de la Corte establece que ambos medicamentos (epoetina beta y eritropeyitina alfa) pueden mantenerse dentro del listado oficial de medicamentos del Seguro Social y que dependerá del cuadro clínico de cada paciente determinar cuál de ellos aplicar.
Sin embargo, con su nuevo pronunciamiento público, los pacientes aglutinados en Apredesal exigen que solo se les aplique una de las medicinas: epoetina beta.
“Exigimos que se cumpla el fallo dictado por la Honorable Sala de lo Constitucional en favor nuestro, garantizándonos el acceso al tratamiento médico adecuado para nuestro padecimiento considerando el análisis de la evolución de nuestra enfermedad, el resultado obtenido con los tratamientos anteriores, los efectos secundarios del medicamento que actualmente nos administran y el impacto que este produce en nuestra calidad de vida”, exponen los pacientes renales en su pronunciamiento, ideas que retoman de la sentencia de la CSJ.
Durante meses, los pacientes renales señalaron diversas críticas en contra de las autoridades del ISSS por el cambio en sus tratamientos para lo cual realizaron una campaña mediática, además de presentar denuncias a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional.
El pasado 2 de julio, los magistrados constitucionales resolvieron “ha lugar” el recurso presentado por tres pacientes renales.
En la sentencia publicada (de 20 páginas) se expresa, entre otras cosas: “En consecuencia, fue atentatorio contra los derechos a la salud y a la vida de los peticionarios y del resto de paciente renales en tratamiento de hemodiálisis que las autoridades demandadas (ISSS) incluyeran en el LOM (Listado Oficial de Medicamentos) y posteriormente universalizaran la aplicación del medicamento eritropeyitina alfa por motivos puramente económicos”.
Nacionales
Según el NHC, Cristina se degrada a depresión tropical frente a las costas de Centroamérica
La tormenta Cristina se degradó este miércoles a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC). Sin embargo, las autoridades salvadoreñas advirtieron que el sistema aún podría fortalecerse nuevamente antes de tocar tierra.
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, las condiciones ambientales continúan siendo favorables para que el fenómeno recupere la categoría de tormenta tropical. La institución señaló que, debido a esta situación, se mantendrán las lluvias de fuerte intensidad hasta el jueves y podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.
El NHC indicó que Cristina se formó el pasado lunes y que las precipitaciones asociadas al sistema continuarán afectando sectores de Centroamérica durante los próximos días. Según el reporte, hacia el mediodía la depresión tropical se ubicaba a 140 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y un movimiento estacionario.
Las lluvias y el fuerte oleaje vinculados al fenómeno han provocado daños en viviendas y negocios ubicados en zonas costeras de El Salvador y Guatemala, aunque las autoridades no reportan víctimas mortales.
En Guatemala, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la evolución del sistema. Mientras tanto, en El Salvador, las escuelas y universidades permanecieron cerradas por segundo día consecutivo como medida preventiva.
Centroamérica es considerada una de las regiones más vulnerables a fenómenos naturales debido a su exposición a huracanes formados tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, además de su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Internacionales
Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.
La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.
Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.
La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
