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ONI, la moderna plataforma policial que identifica a pandilleros y delincuentes
La modernización de las instituciones encargadas de velar y garantizar la seguridad pública forma parte de la fase III del Plan Control Territorial; a través de esta, la Policía Nacional Civil (PNC) ha adquirido más de 6,000 teléfonos inteligentes, por medio de los cuales los agentes policiales pueden acceder directamente a la base de datos para identificar a pandilleros y delincuentes que tienen órdenes de captura.
La corporación policial, incluidos los estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), utilizan esta moderna tecnología mientras ejecutan controles vehiculares, patrullajes y operativos.
«Gracias a la transición y el nuevo modelo de servicio policial, hemos entregado más de 6,000 teléfonos inteligentes. Nuestros agentes tienen acceso a información y consultas en tiempo real en la palma de la mano», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El pasado 11 de noviembre, el funcionario informó que los alumnos de la ANSP se desplegaron en zonas estratégicas del Centro Histórico de San Salvador, donde aplicaron la función de Conocer, Identificar y Resolver (CIR) desde la plataforma ONI para contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los salvadoreños.
«Tenemos la primera captura de los alumnos de la promoción 133 de nuestra ANSP realizando sus prácticas y aplicando las nuevas tecnologías», detalló Villatoro el pasado 24 de octubre.
En esa oportunidad, el ministro explicó que, mientras los alumnos recababan información para la plataforma ONI, se identificó a Óscar Aníbal Espinoza Carpio, quien tenía una orden de captura por contrabando de mercadería.
«Sin duda, implementar soluciones tecnológicas y tenerlas disponibles en la palma de la mano de nuestros agentes es ya una obligación para cualquier policía en el mundo», dijo Villatoro.
El funcionario indicó que también los agentes policiales ejecutan un plan para supervisar bares y discotecas a escala nacional, donde han identificado a personas que son reclamadas por la justicia.
«Si no tuviéramos la tecnología habría sido un chequeo normal; entonces, es parte de incorporar nuevas herramientas para obtener resultados diferentes», apuntó el ministro.
CONTROLES VEHICULARES
El pasado 1.º de noviembre, la Policía reportó, en el desvío al Cerro Verde, en Santa Ana, la detención de tres estafadores, quienes tenían 32 órdenes de captura.
«Tres personas que no parecían que tenían cuentas pendientes con nada, entre las tres personas acumulaban 32 órdenes de captura por delitos de estafa. Casi un promedio de 10 órdenes por cada uno. Esa es la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para mejorar el nivel del impacto», aseguró Villatoro.
Los detenidos en un control vehicular fueron identificados como María Membreño Díaz, Wálter Geovanni Orellana Pereira y José Miguel Ortega Monroy.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
