Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que su Gobierno ha capturado al 90 % de los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en el país durante los últimos tres años, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado iniciada en 2024.
Durante una entrevista con la radio «i99» de Guayaquil, el mandatario señaló que, en ese mismo período, las autoridades también ampliaron los ataques contra las estructuras económicas y financieras que sostienen a estos grupos. Noboa afirmó que las acciones no se han limitado a quienes cometen homicidios, sino que también han alcanzado a empresas señaladas de lavar dinero, políticos que los ayudan o son socios y jueces que, según sus declaraciones, dejaban en libertad a personas tras cometer delitos.
«Nosotros estamos aquí para poner orden y mostrar a la gente que sí se puede tener un país de paz», sostuvo Noboa, en medio de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador desde hace varios años.
De acuerdo con el presidente, durante agosto de 2026 los robos a personas, motocicletas, vehículos, bienes y autopartes disminuyeron entre un 30 % y un 35 %. Asimismo, aseguró que el robo a domicilios se redujo un 43 % y los delitos contra unidades económicas cayeron un 41 %.
Noboa destacó que la reducción no se limita a los homicidios y sostuvo que la disminución de robos y extorsiones también favorece el incremento de las ventas, vinculando la mejora en seguridad con la actividad económica.
El mandatario también insistió en que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia regional y señaló que una mayor coordinación con los países vecinos permitiría mejorar los resultados en materia de seguridad.
Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 4,882 homicidios intencionales, una reducción frente a los 5,295 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, según datos del Ministerio del Interior.
A partir de este viernes 4 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta tres centavos por litro para la gasolina de 91 octanos regular y de cinco centavos por litro para la gasolina superior y el diésel.
La medida tendrá un impacto en los precios de venta al consumidor en las estaciones de servicio del país.
Según la información proporcionada, el incremento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han provocado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados.
Actualmente, El Salvador mantiene los precios más bajos en la venta de combustible.
Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en el departamento de Santander, Colombia, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país sudamericano.
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos y ocurrió a las 11:58:47 de la mañana, hora local, con una magnitud de 4,2.
El evento sísmico fue localizado en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.12° de longitud, a una profundidad de 146 kilómetros, clasificada como intermedia.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no han reportado víctimas ni daños estructurales tras el movimiento telúrico.
