Política
1,842 fiscales serán desplegados en las elecciones a nivel nacional e internacional
El 4 de febrero, un equipo 1,842 fiscales serán desplegados a nivel nacional e internacional como garantes de las elecciones presidenciales y legislativas.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá una vigilancia permanente durante todo el proceso electoral con el fin de evitar que se cometa cualquier tipo de delito en el proceso electoral.
La fiscal electoral, Alma Campos, manifestó que como institución van a velar por la legalidad de los procedimientos en materia electoral, mediante la correcta aplicación del Código Electoral y la Constitución de la República.
«En el voto nacional se ha decidido designar 1,811 fiscales que van a ser parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que van estar funcionando en los 1,595 centros de votación que va a destacar el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dijo Campos.
La Fiscalía Electoral ha decidido que por cada 10 Juntas Receptoras de Votos habrá un fiscal también conocido como delegado electoral, la idea es que haya un mejor control respecto al funcionamiento de las JRV.
Según Campos, cuando finalice el escrutinio preliminar, el TSE a través de las Juntas Receptoras de Votos debe extender una copia del acta de ese escrutinio a la Fiscalía General de la República y luego remitirla a la Unidad Electoral.
Todas las actas que recolectarán todos los delegados electorales irán a las 19 oficinas fiscales que hay en el país y luego serán trasladadas al hotel sede donde se realizará el escrutinio final 48 horas después del día de las elecciones.
«De las mesas que el Tribunal Supremo Electoral establezca que van estar funcionando en el escrutinio final nosotros vamos a delegar un fiscal por mesa para que de igual manera tengamos certeza de que, lo que se va dejar en el acta de escrutinio final sea lo que dicen las actas de escrutinio preliminar que han traído todos los delegados, vamos a tener presencia para constatar la legalidad de los datos que se van estar contabilizando», sostuvo la fiscal electoral.
Los delegados electorales son fiscales de carrera y abogados particulares contratados para que apoyen en el proceso electoral. La Fiscalía tiene la capacidad para cubrir con su personal los centros de votación, pero no todos pueden ser designados a esa actividad ya que no se puede descuidar el trabajo de combate a la delincuencia, por eso contrató abogados temporales.
Sobre los abogados contratados hay un control exhaustivo y han sido capacitados junto a los fiscales de carrera para que aborden el tema electoral con todas las credenciales.
Voto en el exterior
Con la vigencia de la Ley Especial del Voto en el Extranjero, una de las novedades para las elecciones 2024, se creó la Junta Electoral del Voto en el Exterior (Jelvex) un organismo electoral temporal diseñado para que funcione en el país.
La Jelvex se instaló el 6 de enero de 2024, día en que inició el voto remoto por internet y la sede de ese organismo funciona en una casa cercana al TSE.
La Fiscalía ha destacado personal para verificar la movilidad y la forma de cómo el sistema está registrando el voto que se está realizando vía internet por los salvadoreños que están en el extranjero.
Se verifica el porcentaje diario de avance de la elección, pero sin dar resultados, sino viendo por ejemplo cuantas personas votaron por día y en qué país.
La otra forma de votación que la ley ha definido es el voto presencial a través de internet, el día de las elecciones los salvadoreños en el exterior podrán llegar a emitir el sufragio en 81 sedes en diferentes países, la Fiscalía tendrán presencia en 31 centros. En Estados Unidos serán desplegados en 10 estados, en Centroamérica, Colombia, Italia, Alemania y España.
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la industria, inversionistas y empresas vinculadas al ecosistema de activos digitales.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador fue pionero al adoptar Bitcoin en 2021 y señaló que, pese a los desafíos que implicó esta decisión, el país continuó avanzando hacia la construcción de una política financiera innovadora. Recordó que 2023 marcó un punto de inflexión con la creación de la CNAD y la consolidación de un marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
Asimismo, afirmó que este proceso forma parte de la visión de transformación impulsada por el Presidente Nayib Bukele, bajo la cual El Salvador se proyecta como un país que renace con visión de futuro, fortaleciendo de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica.
Resaltó que El Salvador se distingue dentro del ecosistema internacional al contar con la CNAD, una institución especializada en la regulación y supervisión de los activos digitales. Añadió que esta transformación también ha estado acompañada por esfuerzos de digitalización y formación de las nuevas generaciones, mediante el acceso a herramientas tecnológicas, Google Classroom y tutores de IA.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la @cnadsv, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes @jcreyes_sv, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la… pic.twitter.com/zB9PnFvulu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Por su parte, el Presidente de la CNAD, agradeció al Presidente Bukele y al Vicepresidente Ulloa por la visión y el respaldo que hicieron posible la creación y consolidación de la institución. Al referirse a los avances alcanzados durante estos tres años, destacó:
- 156 compañías vigentes dentro del ecosistema supervisado.
- 144 compañías con asiento registral.
- 81 proveedores de servicios de activos digitales.
- 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
- US$633 millones vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado.
El Presidente de la CNAD destacó además la creciente huella internacional de la institución, señalando que la experiencia desarrollada en El Salvador ha permitido compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a otras naciones.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio que genere confianza, atraiga nuevas oportunidades y acompañe el crecimiento de la industria de activos digitales.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
