Judicial
Arresto domiciliar para acusado en caso Carla Ayala
El Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres, realizó una audiencia especial para verificar la situación jurídica del reo Víctor Daniel Castillo Campos, acusado de cómplice no necesario en el feminicidio agravado de la agente de la Policìa Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala Palacios, mejor conocida como Carla Ayala.
El imputado es primo del principal sospechoso del feminicidio agravado y prófugo de la justicia, el exagente de la PNC Juan Josué Castillo Arévalo, conocido por su alias de «samurai».
Tras la audiencia, el juez decretó arresto domiciliar para el reo y mientras enfrenta el proceso judicial en su contra.
Se explicó que Castillo cumplió el pasado 1 de junio dos años de estar en prisión, sin que hasta este momento se haya dictado sentencia, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal se le cambia la medida de la detención provisional a arresto domiciliar.
El artículo referido indica, que nadie puede estar preso más de 24 meses sin haber recibido sentencia definitiva, por lo que debe seguir el proceso en libertad o con una medida menos gravosa que la detención.
Consta en el proceso judicial, que a Castillo se le encontró el teléfono celular de la agente Ayala, quien fue asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año que se llevó a cabo en el desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP).
Por este caso son procesados varios oficiales, agentes y civiles que tuvieron diferente participación en el hecho, siendo Juan Josué Castillo Arévalo el único procesado por homicidio agravado.
La vista pública estaba programada para realizarse del 13 al 20 de marzo pasado, pero debido a la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 fue aplazada y pospuesta para una fecha aún no definida.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
