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Análisis contable en caso «Saqueo Público», revela que Mauricio Funes se apropió de $351,035,400.49.
En la audiencia preliminar del caso conocido como «Saqueo Público» un análisis contable elaborado por un experto revela que Mauricio Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.49.
El estudio denominado «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» dice que según los registros del Ministerio Hacienda, durante el período comprendido del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó para la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes ideó un complejo plan para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara los fondos para la referida partida conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
De esa manera el expresidente prófugo con asilo político en Nicaragua y siete órdenes de captura, pidió $270,217,115.49 más para apropiárselos y los orientó como gastos reservados con el fin de utilizarlos a su discreción y no ser auditados por la Corte de Cuentas de la República.
La pericia deja al descubierto que desde el comienzo de su mandato Mauricio Funes solicitó los refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda, aumentándosele de esa manera en el 2009 $26,234,527, el monto inicial asignado para gastos reservados para ese período fue de $5,772,200, por lo que en su primer año de gobierno se apropió de $32,006,727.04.
Para el 2010, el exmandatario duplicó la cantidad de dinero y gracias a ese refuerzo presupuestario Hacienda le aprobó $59,992,373.69, para ese año el presupuesto para el rubro «54315» era de $8,941,285, al final Mauricio Funes se quedó con $68,933,658.69.
Durante ese quinquenio, ese año se convirtió en el segundo con más dinero apropiado, ya que el 2013 fue cuando más fondos del Estado fueron a parar a cuentas personales del expresidente, familiares y su círculo, en concepto de refuerzo presupuestario le fueron asignados $60,465,931.38 y como el presupuesto inicial fue de $21,205,270, para ese período el monto total sustraído mediante ese mecanismo fue de $81,671,201.38.
En el año 2010, específicamente el 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional en una sentencia declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos disfrazado en «refuerzo presupuestario», pero Mauricio Funes pasó sobre ese sentencia y la erogación de dinero siguió hasta que culminó su mandato en el año 2014.
Mauricio Funes creo ese mecanismo nuevo e irregular para obviar la sentencia de la Sala de lo Constitucional y creó en Casa Presidencial unidades de gastos imprevistos y otras instituciones estatales, de esa forma el Consejo de Ministros a solicitud del entonces secretario de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaban los traslados de los fondos para dichos gastos imprevistos de Capres, sin justificación alguna.
Antes de que el secretario privado entrara a autorizar el traslado de fondos, quien se encargaba de ese trámite era el secretario técnico de la Presidencia, pero Mauricio Funes modificó el acuerdo para que esa responsabilidad cayera en una persona de su total confianza como lo era Francisco Cáceres.
Al final de los cinco años, el incremento en refuerzo presupuestario que Mauricio Funes tuvo para gastos reservados, disfrazados así para apropiárselos o despilfarrar, fue del 76.9%.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) detectó que ese mecanismo llevó a utilizar varias modalidades de lavado de dinero consistentes en la utilización del sistema financiero, la compra de vehículos propios y ajenos, compra de inmuebles por medio de testaferros, alquiler de inmuebles para sus amigos y funcionarios de gobierno. Varios de los funcionarios de su gobierno recibieron sobresueldos y bonos al final de la gestión, entre ellos, la exministra de medio ambiente Lina Pohl, el exministro del MOP, Gerson Martínez y el exministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, todos procesados por la fiscalía y prófugos.
Además, la auditoría detalla que se pagaron viajes de placer a por lo menos 20 países del mundo; entre los años 2009 y 2014, Funes y su más cercano círculo hicieron 369 viajes turísticos gastándose más de $4.5 millones.
Hubo además entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego por medio de prestanombres, pago de atenciones en hospital para parientes y para otro tipo de personas cercanas a sus funcionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, transferencias de dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas, pago de impuestos a terceros y manejo en efectivo, solo Funes [según Fiscalía], habría lavado$10 millones.
Viajaron con fondos públicos

$56,076.14
El grupo familiar de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como la «Michy», compañera de vida de Mauricio Funes, hizo 31 viajes a seis países.
$602,501.75
Funes y Vanda Pignato, hicieron 166 viajes a seis países, entre ellos Brasil donde viajaron 76 veces y a Estados Unidos, 39 ocasiones.
$102,984.39
El hijo del expresidente de la República, Diego Funes Cañas y acompañantes, se gastaron más de $102,000 en 63 viajes a ocho países, entre ellos Panamá, Alemania y Holanda, por turismo.
$147,898.29
El exsecretario privado de la Presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su familia viajaron 67 veces con fondos públicos a 12 países, a Estados Unidos lo hicieron en 45 ocasiones y cinco a Brasil.
Algunas propiedades compradas con fondos del Estado

-Latin América Spa, es un negocio que según la Fiscalía nació con fondos ilícitos a nombre de Ada Mitchell Guzmán, quien se desempeñó como gerente con un salario mensual de $10,000.
-«Juguetón» era una residencia que el expresidente prófugo denominó así y estaba ubicada frente a la cancha Gambeta, bulevar Los Próceres. El exmandatario la compró con fondos públicos, pero la puso a nombre de Merpinsa-Mecafé que fue utilizada como testaferro.
-La Finca Colombia es una propiedad de 90 manzanas, en Quezaltepeque, carretera al desvío de San Juan Opico y fue comprada por Miguel Menéndez Avelar quien sirvió de testaferro, en el sector mandaron a construir un retorno para facilitar el acceso y salida del inmueble.
-En la Calle Circunvalación, de Antiguo Cuscatlán, Mauricio Funes compró una residencia a un político con fondos públicos para que viviera Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Los refuerzos presupuestarios fueron la llave para la apropiación de fondos públicos

Por: DES.
Nacionales
Conductor sufre percance percance tras quedarse dormido al volante
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
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Varias lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.
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Seguridad mantiene impunidad cero en el delito de homicidio
Las autoridades de seguridad informaron que han capturado a los implicados en los 28 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año. Según datos del Gabinete de Seguridad, los detenidos ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.
De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron esclarecer cada uno de los casos y ubicar a los responsables.
Entre los detenidos figura Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 9 de mayo en Tamanique, La Libertad Costa. Según la investigación, el hecho se habría originado por una disputa relacionada con dinero procedente de la venta de droga. La víctima falleció a causa de lesiones provocadas con arma blanca, mientras que el imputado es procesado por homicidio.
Otro de los casos reportados corresponde a Sigfredo Antonio Mena Vásquez, de 35 años, capturado el 8 de mayo por un homicidio cometido un día antes en Coatepeque, Santa Ana. Según las investigaciones, el crimen ocurrió tras una discusión derivada de conflictos previos entre el imputado y la víctima.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de Maynor Humberto García Flores, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
Entre los casos destacados también se encuentra la detención de Diego Antonio Santos Villanueva, quien fue arrestado cuando presuntamente intentaba huir hacia Guatemala tras el asesinato de Isabela Hernández, de 28 años, en Santa Ana.
Las autoridades también reportaron la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 35 años. La víctima desapareció el 23 de febrero luego de realizar trámites personales en Usulután. Posteriormente, durante las investigaciones, la Policía localizó pertenencias de la mujer en un predio del caserío San Mauricio, en Tecapán. Según el reporte oficial, Cecilia Elizabeth Palacios confesó la participación de ambos en el crimen.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado en diversas ocasiones que las autoridades mantienen una política de persecución penal contra quienes cometan delitos contra la vida, con el objetivo de evitar la impunidad en estos casos.




