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ABRA ofrece préstamos con bitcóin hasta por $110,000 en El Salvador
Un poco más de tres meses pasaron desde que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele anunció en la «Conferencia Bitcoin 2021», realizada en Miami, EE. UU., que el bitcoin se convertiría en moneda de curso legal en El Salvador, para que el país centroamericano cobrara interés para los inversionistas cripto desde Wall Street hasta Silicon Valley.
Una de estas fue la empresa estadounidense inBestGo, que se dedica al negocio de las criptodivisas y que decidió entrar de lleno a El Salvador con ABRA, una billetera que ofrece cinco servicios con los que la compañía experta facilita tecnología financiera con la plataforma blockchain.
«Estamos lanzando la compañía de InBestGo en El Salvador, ABRA, la criptobilletera que ofrece servicios de préstamos con bitcóin desde $100 hasta por $110,000; armar portafolios de inversiones con más de 125 criptomonedas; ganar intereses; pagar transacciones con comercios; además de enviar y recibir transacciones sin fronteras y comisiones», añadió David Wong, CEO de InBestGo, a Diario El Salvador.
ABRA recientemente recaudó $55 millones, a través de una ronda de financiación con inversionistas de la Serie C (financiación de obligaciones de capital riesgo), lo que implica llevar al negocio a las grandes ligas y que se aplica solo para financiamiento de las startup.
En la Serie C los empresarios realizan levantamientos de capital que permite llevar a las compañías a penetrar en mercados nacionales e internacionales, tal como lo hizo ABRA.
«ABRA levantó $55 millones para crecer en países de América Latina. Se tuvieron inversiones de capital variado como American Express, fondos de inversión Pantera, entre otros y todos estos invierten porque creen en el proyecto», afirmó Wong.
La firma tecnológica estableció operaciones en Centroamérica hace un año y medio cuando entró a Guatemala, donde en la actualidad cuenta con 110,000 descargas.
Para el CEO de InBestGo, El Salvador es una de sus apuestas más ambiciosas, debido a la Ley Bitcoin, donde esperan sobrepasar los números que registran en el vecino país en cuanto a descargas y su uso, además de posicionarse como una de las criptobilleteras favoritas de los salvadoreños.
«Con la billetera salvadoreña (Chivo) las personas van a comenzar a entrar en esta revolución y van a comenzar a creer en las cripto hasta ver que sí es cierto lo que se puede hacer o comprar con bitcóin», señaló Wong.
Por: Diario El Salvador.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
