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Vivienda, MOP y Fovial expusieron ante Comisión de Hacienda el uso que darán al presupuesto 2025
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto continuaron con el estudio del anteproyecto de Presupuesto General del Estado para 2025, el cual tendrá que ser aprobado en tiempo y forma antes de que finalice este año.
En la jornada de este viernes, los parlamentarios recibieron a los titulares del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) para que explicaran el uso que se les dará a los recursos.
Ministerio de Vivienda
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que la institución tendría a su disposición $11,214,177 para el ejercicio fiscal de 2025, de los cuales $3,923,210 servirán para gastos de funcionamiento y $7,290,967 para inversión pública. Sostuvo que el 65 % del presupuesto se utilizará en obras de beneficio para la población, principalmente la de escasos recursos económicos y la que vive en zonas vulnerables.
La funcionaria expresó que con los recursos se ejecutarán más proyectos para el Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Para la fase dos se invertirán $1,097,700, con el objetivo de contar con cuatro cooperativas más.
“Estamos haciendo proyectos habitacionales para las familias que lo necesitan. Estamos transformando lo que eran mesones en cooperativas de vivienda: tienen sus apartamentos y abajo tiene locales comerciales para los tienen negocios”, explicó la ministra.
Sol manifestó que también se realizarán reparaciones y otro tipo de obras para mejorar el asentamiento urbano precario, para ello se han destinado $100,000.
Asimismo, se pondrán en ejecución $2,607,695 para la implementación del proyecto de Reducción de Daños en Asentamientos Urbanos Precarios ubicados en zonas de riesgo por vientos en el Área Metropolitana de San Salvador, este proyecto será ejecutado con cooperación alemana.
El programa incluye la elaboración de carpetas técnicas (elaboración de planos, diseño, memoria de cálculo, presupuesto y ejecución), contratación de construcción de obras en distintas comunidades vulnerables como mejorar techos, paredes, pisos y ventanas. Algunas de las comunidades beneficiadas serán La Naval, Vía Kiwanis, Nicaragua 2 y Granjero 1 y 2, Bolivar, San Luis Portales y Nueva Esperanza.
Mientras que el proyecto de Fortalecimiento Institucional y Administración del Programa, tendrá $304,235 para fortalecer la capacidad técnica y administración del personal que ejecutará los proyectos con el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW).
Además, se implementará un Programa de Gestión Social y Fortalecimiento Comunitario bajo la misma cooperación para capacitar a los beneficiarios de los proyectos en tareas de construcción, levantar techos y paredes, para que tengan la capacidad de encontrar un empleo en la construcción. Este proyecto tendrá una asignación de $217,310.
Otros $1,119,600 se destinarán para la construcción del Complejo Habitacional La Bretaña, en el distrito de San Martín, departamento de San Salvador.
Ministerio de Obras Públicas
El titular de Obras Públicas, Romeo Herrera, explicó que el presupuesto que se designará para esta institución es de $724,749, 632, de los cuales $286,018,672 provienen del Fondo General, gracias a los $0.10 de subsidio al transporte público y a los $0.20 por galón que se cobra al combustible; $430,235,190 de préstamos externos y $8,495,770 de donaciones.
El funcionario enfatizó en que el 96 % del presupuesto del próximo año estará destinado a la inversión pública para obras y proyectos, y que más de la mitad irá orientado a infraestructura.
Los recursos servirán para desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y la ejecución de obras de mitigación en zonas vulnerables.
El funcionario explicó que para el subsidio al transporte público de pasajeros se destinarán $38,740,320 y la contribución al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) será de $116,220,950.
El ministerio, además, ha contemplado proyectos de inversión estratégicos como la continuidad de la construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros, con una inversión de $191.2 millones, el Bypass de Apopa, con un monto de $36.1 millones, así como la reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana y municipios aledaños, los cuales tendrán un presupuesto de $24.4 millones.
Asimismo, se invertirán $20 millones para la construcción del Puente General Manuel José Arce, otros $15 millones para la construcción del Parque Metropolitano en el barrio San Jacinto y el programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos tendrá un presupuesto de $13.4 millones.
En el próximo ejercicio fiscal, se le dará continuidad a la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en distritos priorizados a nivel nacional y al periférico en la ciudad de San Miguel.
“La idea es ejecutar el 100 % del presupuesto, porque estos proyectos generarán empleos directos e indirectos a través de los procesos de construcción. El objetivo de la obra pública es cambiar la vida de los demás”, aseguró el ministro.
FOVIAL
Durante su intervención, el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, informó que la institución requiere $212.6 millones, de los cuales $116,220,950 provienen de la contribución especial, $38,306,390 de Derechos fiscales y $58,110,475 de financiamiento complementario.
El FOVIAL tiene tres ingresos. Uno es la contribución especial, que se recauda por medio de los $0.20 centavos que cada persona cancela en el combustible que consume.
El segundo son los derechos fiscales, que es el impuesto a la primera matrícula de cada vehículo que ingresa a circulación y pagos tardíos, por ejemplo, multas por renovación tardía de licencia de conducir.
Y el tercero es el financiamiento complementario, está ligado a la contribución especial, representa el 50 % y provienen de los $0.10 centavos adicionales por cada galón de combustible, que no lo pagan los salvadoreños, sino que la Asamblea aprobó esa contribución para ejecutar las obras.
Beltrán añadió que, para 2025, se ha destinado una inversión para proyectos de $173.53 millones, ejecutando diferentes programas, entre ellos el de mantenimiento rutinario de vías pavimentadas y no pavimentadas, el cual consiste en realizar obras, de lunes a domingos, en diferentes puntos del país.
También se enfocará en el mantenimiento de derechos de vía, realizando limpieza en los espacios al lado de la carretera donde crece la maleza, para evitar inundaciones en la carretera en caso de lluvias. Actualmente, hay más de 60 cuadrillas realizando esta actividad.
Los recursos también permitirán ejecutar trabajos de señalización para la zona occidental, central y oriental, con el objetivo de reavivar la señalización existente que por accidentes o deterioros ya no son funcionales.
Actualmente, el FOVIAL tiene 1,500 obras de puentes a nivel nacional, parte del presupuesto servirá para el programa permanente de puentes, con el que se verifica la seguridad estructural de la obra y el mantenimiento respectivo
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
