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VMT regala kit de seguriadad a los conductores «bien portados»
El Gobierno ha iniciado el nuevo año incentivando a la población salvadoreña a conducir de manera responsable, como una manera de premiar a aquellos automovilistas, motociclistas, entre otros usuarios de la vía, que se apegan a las reglas de tránsito al circular por las diferentes carreteras del país.
Con esa finalidad, a partir del 12 de enero de 2023, técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI), junto con el Viceministerio de Transporte (VMT) y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, aparte de brindar consejos, entregan kit conteniendo implementos de seguridad vial en distintos puntos del país.
En los últimos dos días, se instalaron controles vehiculares, donde entregaron los implementos, en kilómetros 9 y 12 de la autopista al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez; en la vía Panamericana, kilómetro 27, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán; y en 4ª calle Oriente, Sensuntepeque y en otros sectores.
“Desplegamos a nuestro Equipo Técnico para ejecutar las acciones estratégicas de concientización y educación vial para la prevención de siniestros. Brindamos consejos de movilidad segura. Entregamos kit a los conductores abordados como incentivos por ser responsables al volante portando documentación de tránsito en regla, así como el uso del cinturón o casco de seguridad”, detalló el Conasevi.
La medida se extenderá durante todo el año a otros puntos, para seguir previniendo y reduciendo la siniestralidad vial, evitando víctimas por esa causa.
El personal de tránsito aprovechó los dispositivos de control vehicular y obsequiaron chalecos reflectantes, que hacen más visible al motociclista, entre otros implementos para la seguridad de los automovilistas.
Gracias a este tipo de actividades, como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial, el país cerró el año 2022 con la reducción del 7.1% de accidentes en carretera.
Tanto en dispositivos de control vehicular y antidopaje, charlas sobre educación vial dirigidas a conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y a alumnos de centros educativos donde más ocurren accidentes, han ayudado a reducir percances viales. Estas actividades fomentan una cultura de respeto hacia todos los actores de la vía.
El Gobierno reitera el compromiso de seguir implementando estas estrategias que, sin duda, inciden en el comportamiento del conductor.
Tras recibir un aviso por la desaparición de una menor de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) activó de inmediato el protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Como resultado del operativo, la menor fue localizada sana y salva, descartándose que haya sido víctima de algún delito.
Las autoridades reiteraron el llamado a evitar especulaciones que generen alarma a partir de información falsa difundida en redes sociales y señalaron que la rápida activación de los mecanismos de seguridad permitió esclarecer la situación y confirmar que no existió ningún hecho criminal.
El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.
Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.
La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.
La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.
El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.
Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional.
Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
El laboratorio artesanal «no es legal», «pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida», dijo Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.
Los sobrevivientes presentan severas quemaduras.
Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
«Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos», escribió el grupo ilegal en un comunicado.
El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.
Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.
«¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?», reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.
El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.
Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.
Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.
