Cuando el huracán Helene azotó las montañas, hace casi una semana, el agua subió «hasta ahí, hasta el buzón», señala Shelby Holzhauser desde la puerta de su casita blanca, situada junto al río que arrasó todo a su paso.

Durante días, esta mujer caminó hasta el otro lado del puente, sorteando escombros y cargando una mochila para ir a buscar agua y comida. «No hay agua ni electricidad», dijo este jueves, con su hijo Carter, de 4 años, aferrado a sus piernas.

Frente a ella, en este puente de la localidad de Swannanoa y en el resto de las montañas de Carolina del Norte (sureste), decenas de trabajadores reparan las carreteras rotas, las tuberías reventadas y las líneas eléctricas arrancadas por el huracán, que ha dejado un rastro de muerte y devastación a su paso.

«Estamos en altura, pensábamos estar a salvo, pero (el agua) se acercó tanto que cogí a mi hijo y salimos de casa. Tenía miedo de que nos quedáramos atrapados», cuenta esta maestra de guardería de 23 años.

Para tirar de la cadena, Shelby tiene que ir a llenar un gran cubo en el río. Mientras habla, su marido enchufa el generador que le ha dejado su jefe, lo que les permite cocinar.

Cerca de ahí, unos hombres atienden un puesto con productos de primera necesidad bajo el techo de una gasolinera averiada.

«Todo el mundo se ayuda», dice con orgullo Shelby, que lleva una camiseta roja y botas de cuero.

De costumbre «trabajar, trabajar, trabajar, eso es todo lo que se puede hacer para sobrevivir, trabajar para ganar dinero y pagar las facturas», dice esta mujer que siempre ha vivido en esta región del sur de los Apalaches. «Pero desde la catástrofe, me he acercado más a mis vecinos. Han venido a vernos, a asegurarse de que tenemos lo que necesitamos».

«Súper» ayuda»

En el aparcamiento de un restaurante de comida rápida cerrado, los veterinarios ofrecen atención de urgencia gratuita a las mascotas. Audrey Pace ha venido de una clínica para echar una mano.

«En estos momentos es muy difícil», dice. En toda esta destrucción, «las mascotas son un apoyo incondicional para las personas», añade, justo antes de dar la bienvenida a un coche que llega con un perro en el asiento del copiloto.

En el campo de al lado, varios helicópteros aterrizan con estruendo.

Un poco más allá, una zona de casas rodantes, típicas de las zonas rurales pobres de Estados Unidos, quedó completamente arrasada, con algunas viviendas desplazadas y sus ventanas destrozadas.

De una de ellas asoman, por un agujero en un tabique, una guirnalda roja de Navidad y una prenda infantil con el logotipo de «Star-Wars».

Más de 200 personas murieron a causa del huracán Helene, desde Florida, en el sur, hasta las montañas de Carolina del Norte, sobre todo en los alrededores de Asheville, la ciudad vecina sobre la que Joe Biden voló el miércoles. En este condado fallecieron 25 personas.

El presidente estadounidense envió un millar de soldados adicionales para ayudar en la reconstrucción, tras las críticas del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, por un supuesto retraso en la ayuda federal.

En Swannanoa, la ayuda «ha sido genial», dice sin dudarlo Shelby Holzhauser. A apenas 20 metros de su casa, se están instalando nuevas tuberías de agua, mientras una retroexcavadora refuerza una carretera rota.

Observando al ejército de técnicos, la maestra no se hace ilusiones sobre el futuro: «Va a pasar un tiempo antes de que volvamos a estar en pie».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento de seis migrantes, entre ellos salvadoreños, luego de que dos militares dispararon contra tres vehículos en los que se trasladaban en Chiapas, al confundirlos con grupos delincuenciales. La mandataria informó que los responsables están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

«Es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Es la fiscalía la que tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solo de los soldados que dispararon», señaló Sheinbaum este jueves en la conferencia matutina.

«No puede repetirse una situación así, se está tomando las medidas», aseguró.

La mandataria indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, están en contacto con las embajadas de Egipto, El Salvador y Perú, para apoyar a las familias de las víctimas.

El hecho ocurrió el 1º de octubre a eso de las 8:50 de la noche sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas.

De acuerdo con la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), los militares detectaron el tránsito de un pick-up, a toda velocidad que los evadió y como retaguardia dos camionetas de carga, parecidas a las que utilizan los grupos criminales de la zona.

Tras escuchar denotaciones, dos militares abrieron fuego y detuvieron a una de las camionetas. El personal se desplegó e identificó, de manera preliminar, a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Cuatro de ellos fallecieron y 12 presentaron heridas.

Dos migrantes más fueron trasladados al Hospital General de Huixtla, pero perdieron la vida.

El Instituto Nacional de Migración (INM) se encargó de otras 17 personas que resultaron ilesas.

Debido a una «grave conmoción interna y conflicto armado interno», la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la amazónica Orellana, además de la capital, Quito, y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay).

El decreto considera que en esas áreas se registra un «incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados».

La resolución incluye el toque de queda por siete horas, a partir de las 22H00 locales (03H00 GMT), en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez.

En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias.

En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio.

Ante una violenta arremetida del narco en enero, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.

En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados «hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras».

«Sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia», señaló.

En setiembre se produjeron varias matanzas, una de ellas en la capital ecuatoriana que dejó cinco fallecidos. También se reportaron cuatro ataques armados contra empleados del sistema penitenciario, con saldo de cinco muertos (incluidos los directores de dos cárceles).

Los choques entre narcos se han extendido a las prisiones, con cruentas masacres con más de 460 muertos desde 2021 y que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, decomisó entre enero y setiembre de 2024 el récord de 307 toneladas de drogas, frente a la anterior marca de 219 toneladas en 2023.

El Ejecutivo sostiene que en la nación, con 17 millones de habitantes, los asesinatos se han reducido, registrándose 4.236 de enero a septiembre de 2024 contra 5.112 del mismo período de 2023.