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Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
