Internacionales
Tendrá que pagarle manutención a un niño por hacerle mal una vasectomía
La situación del médico que deberá pagar por la manutención de un niño debido a un error en una vasectomía ha causado revuelo a nivel mundial.
En el 2013, Alcides de Jesús Gallego, de Antioquia, Colombia, y su esposa decidieron que lo mejor para su situación económica era someterse a una vasectomía.
Sin embargo, el médico que realizó el procedimiento calificó la intervención como exitosa, a pesar de una mala lectura de unos exámenes de esperma que no garantizaban su efectividad.
El impacto de esta equivocación fue enorme cuando la pareja se enteró de que ella estaba embarazada. Luego, la pareja decidió tener a la niña y la llamaron Luciana, pero debido a las enfermedades que padece Alcides, no puede tener un trabajo estable y depende económicamente de su esposa, quien en ese entonces tenía sueldo de 652 mil 900 pesos colombianos al mes (poco más de 360 dólares americanos).
Esta situación ha abierto un debate sobre la responsabilidad que tienen los médicos en este tipo de situaciones. Aunque la pareja optó por hacerse la vasectomía, se espera que los médicos sean cuidadosos y estén completamente seguros de que el procedimiento fue exitoso antes de darlo por hecho.
Medios colombianos informaron que el juez séptimo del circuito de Medellín, Diego Naranjo, determinó en diciembre pasado, en un primer fallo, que el nacimiento de la bebé no sólo provocó «un daño en el ejercicio de la sexualidad y libertad reproductiva» de la pareja, sino que «afectó considerablemente la economía del núcleo familiar y ha generado a los demandantes preocupaciones y aflicciones, ya que no tienen cómo solventar las necesidades básicas de la menor».
De esta manera, el juez determinó que el médico y la Entidad Promotora de Salud (EPS) SaludCoop, donde se practicó la vasectomía, deberán compensar por los daños causados y deberán asumir la manutención de la bebé hasta que cumpla los 18 años.
Tendrán que desembolsar 80 salarios mínimos legales vigentes por los perjuicios morales (más de 295 millones de pesos; es decir, unos 64,714.44 mil dólares).
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
