Principal
«Por favor, ayúdeme»: La dolorosa grabación de una mujer que habló al 911 antes de morir con su hija en el desierto de EE.UU.
Una mujer colombiana y su hija fallecieron cuando intentaban cruzar por el desierto del estado de Arizona (al sur de EE.UU.) para reencontrarse con el padre de familia. El hijo menor que las acompañaba fue testigo del fallecimiento de su madre y su hermana.
Los servicios de emergencia recibieron la llamada de auxilio de Claudia Marcela Pineda, quien se encontraba con su hija, de once años, y su hijo, de dos, en medio de las condiciones extremas del desierto de Arizona, en el sur del EE.UU., muy cerca de la frontera con México.
«Por favor, ayúdeme», se escucha decir a Pineda en la llamada telefónica que fue difundida por Telemundo. El operador del servicio de emergencias le pregunta a la mujer si está con más personas, a lo que ella responde que con «dos niños».
En seguida, Pineda comenta desesperada: «Por favor, ayúdeme, me voy a desmayar». El audio se ve interrumpido por la voz de la niña, quien al borde del llanto, dice: «Mami, tengo hambre».
El operador del 911 le pregunta a la mujer colombiana si tiene WhatsApp, y cuando ella le responde de manera afirmativa, el hombre le pide que comparta sus coordenadas geográficas vía mensaje de texto.
Fallecimientos
Eso fue lo último que se supo de la familia Pineda, hasta que oficiales de la Patrulla Fronteriza del condado de Yuma encontraron los cuerpos de la mujer y su hija, mientras que rescataron con vida a un niño que sufría de agotamiento por el calor.
Los hechos habrían ocurrido el pasado jueves 26 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses notificaron al Consulado colombiano de Los Ángeles (California) sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el área desértica de Levee Road y County.
El viernes 27, la Cancillería colombiana notificó sobre el hecho, detallando que el niño fue rescatado con vida y había sido puesto en custodia en un centro de menores hasta que se definiese su situación legal.
Solo su hijo «se salvó»
El padre de familia Hugo Pinzón lamentó entre lágrimas que su mujer «venía buscando un mejor futuro para sus hijos y no lo logró».
En entrevista con el citado medio, Pinzón afirmó que hará lo posible para que le entreguen a su hijo Christian David, el único de su familia «que se salvó» de morir. El padre hizo un llamado a la Cancillería colombiana para que le ayuden a repatriar los cuerpos de su esposa y su hija.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
