Política
Policías continuarán recibiendo el bono alimenticio gracias a la Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa continúa dignificando el trabajo de los empleados de la Policía Nacional (PNC). Con 71 votos, los parlamentarios reformaron la Ley de Presupuesto 2023, para que el Ministerio de Hacienda reoriente $25,579,350.00 a la cartera de Justicia y Seguridad Pública.
Estos fondos serán utilizados para completar el financiamiento del pago del régimen de alimentación a más de 27 mil trabajadores operativos y administrativos de la institución policial.
Mensualmente, adicional a su salario, el personal recibe $200 en concepto de viáticos para sus alimentos.
El dictamen favorable para modificar la normativa lo emitió, al inicio de la semana, la Comisión de Hacienda.
“Creo que es lo mínimo que podemos hacer por el gran trabajo que está haciendo el talento humano de la Policía. Vamos a apoyar el presupuesto para el pago del bono de quienes exponen su vida para brindar tranquilidad a la ciudadanía”, expresó en la mesa de trabajo el diputado Christian Guevara.
Los integrantes de la comisión destacaron que el beneficio que se entrega al personal policial permite mejorar las condiciones en las que hacen su trabajo: proteger a la población y perseguir y desarticular a las estructuras delincuenciales.
En otro tema, los legisladores también votaron a favor de que reforzar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, así como para entregar suministros agropecuarios y alimentos a los productores salvadoreños.
La enmienda a la Ley de Presupuesto 2023 permitirá a Hacienda transferirle US$2 millones al MAG
Días atrás, la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, expuso a los diputados de la Comisión de Hacienda que, con estos recursos, el MAG pretende continuar apoyando a los productores, principalmente a los que resultaron afectados por la tormenta tropical Julia, en octubre de 2022.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
