Judicial
Pagará caro por su ambición de quedarse con unos terrenos de Morazán
En el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, se realizó un juicio contra José Carlos Rodríguez Romero, acusado de quitarle la vida a su primo.
Tras presentar pruebas contundentes, el juez dictaminó una sentencia de 18 años de prisión para el acusado. Durante el proceso judicial, se contó con la declaración de testigos presenciales, así como con pruebas documentales y periciales que confirmaron la culpabilidad del individuo condenado.
Según el reporte, el 25 de diciembre de 2019, a las 5:00 de la tarde, Mario Josué Santos Rodríguez fue víctima de un ataque a balazos. Inmediatamente fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de San Miguel, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El suceso tuvo lugar en el caserío Los Lazos, ubicado en el cantón Lagunetas, en el departamento de Morazán, específicamente en Jocoro.
La acusación indica que la víctima se encontraba en una vivienda participando en una reunión comunal cuando su primo, José Carlos Rodríguez Romero, llegó para confrontarlo por una disputa relacionada con terrenos.
Durante la discusión, Rodríguez Romero se dirigió a su vehículo, sacó un arma de fuego y disparó dos veces contra Mario Josué Santos Rodríguez, para luego darse a la fuga. Dos años después, finalmente se logró la detención del sospechoso.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
