En una controvertida decisión emitida este viernes, el Gobierno de Nicolás Maduro ha intervenido la Cruz Roja de Venezuela a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esta medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ha avanzado en la redacción de leyes que buscan restringir la labor de las ONG y asociaciones civiles en el país. La sentencia ordena una reestructuración completa del organismo, involucrando a diversos sectores de la sociedad venezolana en el proceso.

No obstante, esta no es una medida sorpresiva, pues desde hace dos semanas, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha venido acusando a la organización y a su director, Mario Villarroel, de abuso de poder. Dichas denuncias fueron emitidas en su programa de televisión Con el mazo dando, transmitidas por el canal estatal.

El dirigente chavista ha señalado incluso la falta de elecciones y renovación en la dirección de la Cruz Roja como argumento para justificar la intervención. Como respuesta a estas alegaciones, la Fiscalía, alineada con el Gobierno, anunció la apertura de una investigación contra Villarroel por presuntas denuncias de acoso y maltrato a trabajadores y voluntarios.

La intervención de la Cruz Roja de Venezuela ha suscitado sospechas en la comunidad internacional y entre los activistas locales. Esta acción se enmarca en un patrón de restricción de la cooperación internacional y la libertad de asociación en el país, siguiendo una línea similar a la ejercida recientemente por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La ley de cooperación internacional, promovida por Cabello, amenaza con limitar la labor de las ONG que documentan violaciones de derechos humanos en Venezuela, lo que ha encendido alarmas entre aquellos que luchan por la transparencia y la justicia.

La ley que regula las ONG en Venezuela representa “el cierre del espacio cívico y democrático”
La designación del empresario Ricardo Cusanno para liderar una nueva junta directiva ad hoc de la Cruz Roja ha suscitado interrogantes sobre su experiencia en asistencia humanitaria y su cercanía al Gobierno. Cusanno, quien es el expresidente de Fedecamaras, deberá administrar los activos de la institución y modernizar su estructura en un plazo de un año, sujeto a prórroga.

Miguel Villarroel, hijo del director de la Cruz Roja y vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, había anunciado previamente sobre la posibilidad de esta intervención. En un comunicado en video difundido en redes sociales, instó al Gobierno a resolver las diferencias a través de mecanismos internos y a preservar los principios fundamentales de la organización.

Es importante recordar que en abril de 2019, durante la crisis política entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, la Cruz Roja desempeñó un papel crucial al acordar con el Gobierno la prestación de asistencia en medio de la crisis económica y sanitaria. Sin embargo, la reciente intervención plantea interrogantes sobre la futura independencia y autonomía de la organización en su labor humanitaria.