Nacionales
Hasta en agosto reiniciaría actividades el aeropuerto Monseñor Romero
El Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero podría regresar a operaciones desde el próximo 6 de agosto.
El dato se desprende de un acuerdo en la Mesa de Reactivación Económica que ayer reunió -por tercera y última vez- a representantes 22 sectores de la empresa privada con miembros del gabinete económico de la presidencia de la República.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Prensa de la Presidencia Consignó que se alcanzó un acuerdo para que el aeropuerto regrese a operaciones comerciales de pasajeros desde la fase 4 bajo protocolos de bioseguridad que serán establecidos por el Ministerio de Salud.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó anoche que se ha establecido el 16 de junio como fecha para el reinicio de las actividades económicas, las cuales se darán en cinco fases, una primera con una duración de 21 días, y las siguientes se irán extendiendo, cada una, por un período de 15 días.
“El Ministerio de Salud tendrá la responsabilidad de ir evaluando cómo vamos avanzando en cada fase, y con base a cómo evoluciona la pandemia, nosotros podremos ir avanzando abriendo más sectores”, aclaró la ministra.
Hasta esta hora no hay un pronunciamiento oficial de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), operadora de la terminal que además funciona como centro de conexiones regional de la aerolínea Avianca.
Su regreso es parte de una serie de acuerdos alcanzados anoche entre los que se confirma el transporte público de pasajeros para la segunda fase además de actividades religiosas. «El transporte colectivo reiniciará sus labores en una segunda fase, bajo protocolos de bioseguridad que serán establecidos por el Ministerio de Salud; en una tercera fase se reanudarán las actividades religiosas y los centros de culto; en una cuarta etapa se habilitarán las operaciones comerciales de pasajeros en la industria aeronáutica, así como el turismo interno e internacional, mientras que en una última fase se permitirán todas las actividades excluidas en las anteriores», destaca el comunicado emitido por la Secretaría de Prensa.
El San Romero está cerrado al transporte de pasajeros desde 17 de marzo, como parte de las medidas para contener el avance de la pandemia del coronoavitus, y solo está recibiendo vuelos de carga, operaciones de repatriación de salvadoreños (vuelos humanitarios) y servicios de mantenimiento en los hangares de Aeroman.
En mayo, Federico Anliker, presidente de la autónoma, dijo en Frente a Frente en mayo que hay una evaluación constante de la evolución de la pandemia y de las condiciones para reiniciar operaciones. En ese sentido, explicó que está en comunicación con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre los estándares que respaldarán los protocolos de bioseguridad para que el pasajero viaje seguro. “Nos movemos de acuerdo a las cuarentenas, decretos y dependemos de los aeropuertos de la región. Estamos buscando un protocolo”, dijo.
El 5 de junio, la aerolínea española Iberia confirmó que espera reactivar sus operaciones hacia El Salvador desde agosto una vez cuente con el aval de las autoridades locales.
La compañía es la única con un vuelo intercontinental en el Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero.
«Iberia informa que, siempre que las autoridades de El Salvador lo autoricen, retomará su ruta El Salvador- Madrid- El Salvador a partir de agosto, con un vuelo a la semana», confirmó la Embajada de España en su cuenta en Twitter el pasado 5 de junio
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
