Judicial
Guerra contra la corrupción capítulo: Alberto Romero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles, un antejuicio para poder desaforar al diputado de ARENA, Alberto Romero, a quien acusan por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
«En vista de eso, y contando con un indicio que proviene de una resolución judicial, la Fiscalía General de República amplió las investigaciones y se ha determinado que el diputado tuvo ingresos sin justificar por un monto total de $1,162,388», detalló el titular del Ministerio Público.
Posterior de eso, el parlamentario fue detenido por el delito de resistencia agresiva, informó la Policía Nacional Civil (PNC), quien afirma que el asambleísta insultó a unos agentes policiales.
El diputado será puesto a disposición de la Asamblea Legislativa pues aún goza de fuero, conforme al artículo 238 de la Constitución, explicó la PNC.
La institución indicó que la Asamblea podrá ordenar la detención de Romero hasta por 5 días, según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto.
Por su parte, Delgado aseguró que desde el momento en que la Fiscalía recibió las diligencias administrativas realizadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los datos fueron analizados y se han acreditado 19 irregularidades presuntamente cometidas por el diputado de ARENA, razón por la que solicitan que se inicie el proceso de antejuicio.
Por su parte, el diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que durante la plenaria de este miércoles 23 la solicitud será llevada al pleno para que sea aprobada e iniciar mañana mismo el trabajo de la comisión especial de antejuicio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, declaró civilmente a Romero culpable por los delitos antes mencionados, por lo que ordenó que devuelva al Estado un total de $445,766.05.
Alberto Romero ha sido procesado civilmente por dos períodos como parlamentario propietario por el partido ARENA: desde el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015.
Tras el fallo civil de la Cámara de Cojutepeque, el parlamentario quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
