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Guatemala votará por un nuevo presidente
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir un nuevo presidente, mientras los observadores regionales advierten sobre una espiral descendente de cleptocracia y un debilitamiento del Estado de derecho en la nación más poblada de Centroamérica.
La socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Zury Ríos y el centroderechista Edmont Mulet encabezan el grupo de más de 20 aspirantes a presidente en las elecciones generales.
La postulación de otros candidatos fue bloqueada, incluida la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y, más recientemente, el excandidato principal Carlos Pineda, lo que generó acusaciones de intromisión política contra el tribunal electoral del país.
“Una cosa que podemos decir sobre Guatemala en este momento es que este Tribunal Supremo Electoral tiene un patrón muy sospechoso de sacar a cualquier candidato que apoye públicamente la lucha contra la corrupción”, le dijo a CNN Will Freeman, becario de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Elecciones generales en Guatemala 2023: ¿qué se vota y qué hay en juego?
Uno de los candidatos expulsados, el derechista Roberto Arzú, criticó abiertamente al presidente Alejandro Giammattei. La candidata sancionada, Cabrera, criticó abiertamente la corrupción en la política guatemalteca.
Pineda se postuló como un extraño en la estructura de poder arraigada de Guatemala, compartiendo con frecuencia su posición antisistema en TikTok. Tras su descalificación, concluyó en Twitter: “Ganó la corrupción, perdió Guatemala”.
La Corte Constitucional dijo en un comunicado a CNN que se adhiere a la ley y actúa con “debida diligencia, imparcialidad, objetividad e independencia”. CNN también se comunicó con el Tribunal Supremo Electoral para hacer comentarios.
No es la primera vez que el tribunal electoral de Guatemala descarta aspirantes a la presidencia, pero el ciclo de este año ocurrió en un espacio cívico que se reduce rápidamente.
“La razón por la que se siente muy importante este año es porque hemos visto una verdadera reacción en Guatemala en los últimos años contra un movimiento para combatir la corrupción”, dijo a CNN Caren Cissis, experta en Centroamérica y editora en jefe de Americas Society /Consejo de las Américas.
Grupos de derechos señalan que la corrupción y la impunidad se aceleraron en el país después de que el expresidente Jimmy Morales disolviera una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas en 2019.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se creó en 2006 para ayudar a desmantelar redes criminales influyentes en el país. Ayudó en cientos de condenas, expuso un escándalo de corrupción y se le atribuye haber ayudado a reducir la tasa de homicidios del país.
Desde la destitución de la CICIG, la corrupción se extendió por el sistema de justicia del país, dicen los expertos.
“Gran parte del sistema de justicia de Guatemala ha sido cooptado por una red de élites políticas, económicas y militares corruptas que buscan promover sus propios intereses y llevar a cabo prácticas corruptas con impunidad”, concluye un informe de 2022 de la Washington Office on Latin América Latina, Grupo de Trabajo de América Latina y Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU.
Los fiscales y jueces asociados con CIGIG han sido arrestados, investigados y muchos se han visto obligados a huir del país bajo el actual mandato del presidente Alejandro Giammattei.
Cuando la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, fue reelegida en 2022 por el presidente, horas después fue sancionada por EE.UU. por “su participación en una corrupción significativa”, como indicó Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.
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VIDEO | Tanque de agua cae desde edificio y deja a motociclista y acompañante lesionados
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista y su acompañante son impactados por un tanque de agua que cayó desde un edificio de al menos seis niveles, en la ciudad de Veracruz, México.
Las imágenes, captadas por otro conductor, evidencian cómo el depósito —tipo Rotoplas— se desploma desde gran altura, impacta contra el suelo y rebota hacia los ocupantes de la motocicleta.
Tras el golpe, el conductor pierde el control del vehículo y derrapa sobre el pavimento.
De acuerdo con medios locales y testigos, ambas personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos voluntarios, quienes las trasladaron a un centro asistencial.
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
