Judicial
Dos sujetos continuarán presos acusados de pertenecer a estructuras terroristas
El juez uno del Tribunal 4.° contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló una audiencia especial de imposición de medidas contra un imputado acusado de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Según la solicitud de imposición de medidas, agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje preventivo en el distrito de Ilopango, en las cercanías de Apulo, cuando detuvieron en flagrancia a Eliseo David R. R., quien fue identificado como “homeboy” de la clica Vagos Locos Salvatruchos del programa Western de la Mara Salvatrucha (MS-13). Además, los agentes policiales detallaron que el sujeto tenía una “M” tatuada en la pierna izquierda y una “S” en la derecha.
Audiencia especial de imposición de medidas contra otro presunto pandillero
Por otro lado, el Tribunal 5.° contra el Crimen Organizado de San Salvador también instaló una audiencia especial de imposición de medidas contra Anderos Javier F. Y., a quien se le acusa del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
El fiscal del caso detalló que el imputado fue detenido el 26 de octubre y ubicado en la base de inteligencia policial como “homeboy” con la función de extorsionista de los Ivus Tynis Locotes, de la tribu Ivu, de la pandilla 18 Revolucionarios.
Ambos Tribunales valoraron los indicios probatorios ofertados por la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenaron la medida de la detención provisional contra los dos imputados. Además, un período de instrucción que vence en agosto de 2025, según el decreto legislativo N.° 803, para que continúen las investigaciones contra las estructuras criminales.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
