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Aval para asegurar pago del bono de alimentación al personal policial
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2023, con el objetivo de transferirle al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública $25,579,350.00. Estos fondos servirán para complementar el financiamiento del pago de la alimentación para los empleados operativos y administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Mensualmente, adicional a su salario, más de 27 mil empleados de la institución policial reciben $200 en concepto de viáticos para sus alimentos.
Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó a los parlamentarios que la cartera de Justicia y Seguridad tiene un déficit presupuestario y ha solicitado un refuerzo para cubrir el pago del bono que se les entregará a los trabajadores de la PNC, entre agosto y diciembre de este año.
La delegada expuso que Hacienda ha identificado asignaciones disponibles dentro de su Presupuesto que pueden reorientarse para financiar las necesidades del Ministerio de Justicia.
“Creo que es lo mínimo que podemos hacer por el gran trabajo que está haciendo el talento humano de la Policía. Vamos a apoyar con este bien merecido presupuesto para el pago del bono de quienes exponen su vida para brindar tranquilidad a la ciudadanía”, expresó el diputado Christian Guevara, presidente de la mesa legislativa.
Los integrantes de la comisión destacaron que el beneficio que se entrega al personal policial permite mejorar las condiciones en las que hacen su trabajo: proteger a la población y perseguir y desarticular a las estructuras delincuenciales.
Los diputados también conocieron una iniciativa del Órgano Ejecutivo que consiste en modificar el Presupuesto de 2023 para la incorporación de $11,184,555 para completar el financiamiento para el pago de remuneraciones del personal de Casa Presidencial, entre agosto y diciembre de este año.
Según la delegada de Hacienda, los fondos provienen de un remante que presenta dicho ministerio, debido a la eficiencia en el manejo de los recursos.
“Esto se ha logrado gracias a la disponibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda, a partir de la eficiencia en la recaudación y en el combate a la evasión fiscal, con relación a las estimaciones programadas al mes de julio de 2023”, señaló la funcionaria de la Dirección General del Presupuesto.
La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,637 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 30 bitcoines en el último mes, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.
Con el precio del bitcóin superando los $76,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $584 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.
La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,633 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.
Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.
Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $584 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.
Una estructura que delinquió como grupo de extermio en diferentes distritos de La Unión y parte de San Miguel, fue condenada a penas de hasta 204 años de prisión.
La resolución fue emitida durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo integrado por 30 personas se autodenominada el diablo de cordoncillo, y delinquió entre 2018 y 2020, en los distritos de San Alejo, Yayantique, El Carmen; y San Antonio Silva, de San Miguel.
«Estos sujetos eran financiados por personas originarias de San Alejo y Yayantique que residían en los Estados Unidos y les pagaban para matar a pandilleros, colaboradores de pandillas y civiles», detalla el reporte de la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal asesinó a una persona y participó en la planeación de nueve homicidios en los distritos de San Alejo y Yayantique, ambos de La Unión.
Entre las personas condenadas están el cabecilla del grupo de exterminio, el segundo jefe al mando, un pagador, 14 ejecutores y 12 colaboradores.
El cabecilla del grupo identificado como Efraín Gutiérrez fue condenado a 204 años de prisión por un homicidio agravado, siete casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas.
En tanto, Juan Diego Marchante Quintanilla y Érick Hernández fueron condenados a 87 años de cárcel por un homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Por similares delitos fueron sentenciados Ramón Francisco Díaz Ayala, a 77 años de cárcel; Adrián Hernández Ortiz, a 72; y Jorge Luis Flores a 69.
El resto fueron condenados a penas menores y en el juicio estuvieron presentes 27 de los 30 imputados.
La riqueza ancestral de Panchimalco trasciende fronteras tras la declaratoria de la UNESCO que incluyó a la Cofradía de las Flores y las Palmas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró este logro conectando a sus sedes diplomáticas en el mundo para fortalecer la protección de estos saberes que unen fe, comunidad y territorio.
Durante el evento, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, destacó que el país asume el compromiso de dar a conocer esta tradición de mayo que refleja la creatividad y espiritualidad salvadoreña.
«Entre los pilares de nuestra estrategia resalta el posicionamiento internacional a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares en el mundo… Es así como vamos a generar exposiciones de flores y palmas en nuestras embajadas y consulados», destacó, la viceministra.
Como parte de esta iniciativa, también se inauguró una gigantografía y la exposición «Entre flores y palmas: identidad, comunidad y ritual en Panchimalco». Esta muestra, que incluye fotografías y elementos museográficos sobre la elaboración de las ofrendas y la procesión, será replicada en las sedes consulares a nivel mundial.
El acto contó, además, con la presencia de la viceministra Adriana Mira, embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, Mario Roberto Vásquez, alcalde de San Salvador Sur, Rogelio Vásquez, director de la Casa del Artista de Panchimalco, representantes de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco, entre otros.
