El exdiputado prófugo Rodolfo Parker y su grupo familiar fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $2,311,138.47 ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado a los magistrados que se de por iniciado el juicio civil y plantean desde el principio la pretensión de una condena y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.

«Al señor Rodolfo Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», explicó uno de los fiscales que presentó la demanda.

Según el representante del ministerio público esas irregularidades tienen que ver con depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo por un monto de $571,224.39.

También han sido demandada su esposa Cristina Renate Wein de Parker, por 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, mediante cheques, pago de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de $521,637.92.

Se incluye además a sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein, por 39 irregularidades por un monto de $967,777.75; Sofía Cristina Parker Wein, por 4 irregularidades que totalizan $81,401.19 y Katya Renate Parker Wein, a quien le cuestionan ocho irregularidades por $169,097.22.

A Parker y su grupo familiar le reprochan un resultado negativo entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaban más de lo que ganaban, fondos que se desconoce su procedencia.

El exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, tiene orden de captura en el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 989 en la Universidad Centroamericana, UCA.

Es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, según el ministerio público, suprimió la existencia de órdenes superiores y destruyó documentos que incriminaban a oficiales y al expresidente Cristiani en la matanza.

Un testigo con régimen de protección clave «Gabriel» que la Fiscalía ha propuesto dijo en un anticipo de prueba ante el Juzgado Segundo de Instrucción dijo que el exdiputado ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre de los jesuitas.

Parker quien para ese entonces era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del expresidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura.