Judicial
Acusan a Rodolfo Parker y familia por enriquecimiento ilícito de US$ 2.3 millones
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker y su grupo familiar fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $2,311,138.47 ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado a los magistrados que se de por iniciado el juicio civil y plantean desde el principio la pretensión de una condena y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
«Al señor Rodolfo Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», explicó uno de los fiscales que presentó la demanda.
Según el representante del ministerio público esas irregularidades tienen que ver con depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo por un monto de $571,224.39.
También han sido demandada su esposa Cristina Renate Wein de Parker, por 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, mediante cheques, pago de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de $521,637.92.
Se incluye además a sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein, por 39 irregularidades por un monto de $967,777.75; Sofía Cristina Parker Wein, por 4 irregularidades que totalizan $81,401.19 y Katya Renate Parker Wein, a quien le cuestionan ocho irregularidades por $169,097.22.
A Parker y su grupo familiar le reprochan un resultado negativo entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaban más de lo que ganaban, fondos que se desconoce su procedencia.
El exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, tiene orden de captura en el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 989 en la Universidad Centroamericana, UCA.
Es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, según el ministerio público, suprimió la existencia de órdenes superiores y destruyó documentos que incriminaban a oficiales y al expresidente Cristiani en la matanza.
Un testigo con régimen de protección clave «Gabriel» que la Fiscalía ha propuesto dijo en un anticipo de prueba ante el Juzgado Segundo de Instrucción dijo que el exdiputado ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre de los jesuitas.
Parker quien para ese entonces era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del expresidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
