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7 cárteles se disputan la ‘caja chica’ que dejó la prohibición de vapeadores
Especialistas en seguridad y sociedad civil alertaron sobre la rápida expansión del mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México, durante la presentación del informe Humo, vapeo y poder, el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorxs. Señalaron que ambos mercados, antes marginales, se han convertido en fuentes estratégicas de financiamiento para siete cárteles, algunos de ellos recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
Los especialistas participantes Miguel Alfonso Meza, Presidente de Defensorxs A.C; Oscar Balderas, periodista especializado en seguridad pública; Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa; Rodrigo Peña, Director del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y Fernando Escobar, Investigador de Causa en Común, coincidieron en que estas economías ilegales están reconfigurando rutas, cadenas logísticas y estructuras enteras del crimen organizado.
El mercado ilícito de vapeadores: prohibición, vacío regulatorio y control criminal
Los especialistas explicaron que la prohibición de vapeadores y la falta de trazabilidad generaron un vacío que los cárteles ocuparon de inmediato. Hoy controlan importaciones clandestinas (principalmente de origen asiático), reempaque, venta digital y distribución a través de menores en escuelas y tianguis.
De acuerdo con Defensorxs, organización dedicada a documentar, explicar y visibilizar fenómenos de violencia y crimen organizado, entre las consecuencias más graves identificadas en el comercio ilícito de vapeadores están:
Extorsión policial alimentada por la ambigüedad legal.
Reclutamiento de menores como distribuidores.
Lavado de dinero mediante empresas fachada e importaciones falsas.
Venta digital difícil de rastrear operada desde la informalidad.
En México, dos de cada diez cigarros consumidos son ilegales, un mercado que mueve entre 15 y 20 mil millones de pesos al año y que fortalece la operación criminal a nivel nacional. Este negocio ha permitido a distintos cárteles consolidar redes completas que incluyen fabricación pirata, bodegas clandestinas, robo de carga, distribución y venta minorista.
Los especialistas coincidieron en que México necesita una estrategia basada en regulación clara, trazabilidad efectiva, supervisión aduanal y combate a redes criminales, en lugar de políticas que empujan a consumidores y comercios hacia mercados controlados por los cárteles.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
