Judicial
Abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión
El apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.
El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución señaladas por la Orgnizaciòn de las Naciones Unidas (ONU),.
Además se le acusa de cometiendo del delito de omisión y por esa razòn los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad.
“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. dijo su abogado Carlos Miranda.
El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.
En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
