Judicial
Abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión

El apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.
El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución señaladas por la Orgnizaciòn de las Naciones Unidas (ONU),.
Además se le acusa de cometiendo del delito de omisión y por esa razòn los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad.
“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. dijo su abogado Carlos Miranda.
El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.
En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.