Política
Presidente Nayib Bukele firma reforma electoral para reducir diputados de la Asamblea
Este miércoles 7 de junio, el presidente de la república, Nayib Bukele, informó que firmó la reforma al Código Electoral para reducir los diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, eliminando el ingreso de legisladores a través del residuo electoral.
«Acabo de firmar la Reforma al Código Electoral, que reduce el número de diputados de 84 a 60 (como era antes de los falsos acuerdos de paz) y elimina a los diputados por residuo, dejando únicamente los diputados asignados por cantidad de votos», expresó el presidente a través de su cuenta oficial de Twitter.
Dicha reforma fue aprobada anoche por la Asamblea Legislativa, para reducir la cantidad de diputados del congreso de 84 a 60 y eliminar el mecanismo de los residuos en la fórmula electoral utilizada en las elecciones.
La aprobación se hizo con dispensa de trámites luego de que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, llegó al Palacio Legislativo a presentar las iniciativas que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el 1.º de junio pasado referentes al reordenamiento administrativo-político y territorial que contempla la reducción de los municipios de 262 a 44, y de los diputados.
Y es que con el sistema electoral de residuos o «sistema de representación proporcional», como se menciona en el artículo 79 de la Constitución salvadoreña, se utiliza una fórmula que consiste en dividir los votos obtenidos en una determinada circunscripción entre el número de escaños por los que se compiten.
A partir de dicho resultado, se les asignan a los partidos políticos los escaños que alcanzaron según los votos que obtuvieron; mientras que, los escaños restantes se llenan con los residuos de más alta cantidad de votos que sacó cada partido. Es decir, que hasta ahora algunos curules en la Asamblea Legislativa han sido llenados con candidatos que obtuvieron hasta 3,000 votos, ocupando la misma posición que otros que alcanzaron hasta 35,000 votos.
La oposición votó en contra de esta reforma.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
