Política
Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, entre los citados a la Comisión de Antejuicio en contra de Quijano
Los diputados fiscales Marcela Pineda, Walter Coto y Rebeca Santos solicitaron a la Comisión de Antejuicio en contra de Norman Quijano, quien actualmente representa al Estado salvadoreño ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la interpelación de seis personas consideradas como testigos de la tregua hecha con pandilleros.
Quijano es vinculado en negociaciones con pandillas para obtener los votos necesarios para ser nombrado como presidente en los comicios de 2014. Por ende, es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas establecido en el artículo 245 del Código Penal y fraude electoral.
El próximo 1 de diciembre, deberá asistir al seno de la comisión Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y tuvo un papel activo en la tregua.
Mientras que Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados –esta última en calidad de perito en representación de la Fiscalía General de la República (FGR)- fueron citados para comparecer el 2 de diciembre.
“Estas personas nos van a poder comprobar todos los hechos fácticos, los mecanismos utilizados para esos hechos”, comentó el legislador Walter Coto. “Cada uno de ellos tiene una participación de la existencia del delito correspondiente”, agregó.
Por otro lado, según la lectura brindada por la legisladora Santos, presentarán la certificación de la documentación incorporada en la causa judicial de Quijano, resguardado en el Juzgado 5° de Instrucción. Esta será agregada a este caso de antejuicio.
Otras pruebas documentales serán solicitadas a la FGR, específicamente a la Unidad del Centro de Intervención Telefónica. Un audio que tiene que ver con el financiamiento de ONG del ministerio público, relacionado con el proyecto de 10 municipio más violentos de El Salvador.
Y uno más: El extracto de los audios y videos relacionados con el caso de las negociaciones con miembros de la pandilla 18 Sureños y los políticos (la colaboración de dinero por partidos políticos).
Toda esta prueba será trasladada hacia la Asamblea Legislativa, bajo la garantía de la cadena de custodia, según lo requerido por los diputados fiscales.
Los diputados que integran la Comisión de Antejuicio recibieron y estudiaron los medios probatorios presentados por parte de los legisladores fiscales.
La misma oportunidad de presentar pruebas tuvo la defensa del miembro del partido ARENA, pero esta no logró presentar alguna por falta de contacto con el exparlamentario del Órgano de estado.
“El trabajo de la comisión no se detiene, nosotros continuamos con el proceso debido”, indicó el presidente de la junta de trabajo, diputado Raúl Castillo, al referirse de la falta de interés de Quijano.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitó el proceso de antejuicio y desafuero de Quijano, por lo que ese mismo día los diputados conformaron la Comisión Especial tras ser aprobada con 65 votos a favor.
Defensa de Quijano, sin entregar pruebas
La abogada Dora Margarita Ruiz, quien fue asignada por la Procuraduría General de la República (PGR) como defensora de Quijano, no pudo entregar elementos probatorios -para ver si es o no procedente quitar el fuero- ante la Comisión de Antejuicio, debido a que no localizó al expresidente de la Asamblea Legislativa.
“Hemos tratado de comunicarnos y podemos probar ello”, comentó Ruiz, tras indicar que la defensa la realiza de una manera limitada, pues Quijano no ha podido ser ubicado en su lugar de residencia.
“Tomamos los medios posibles para poder localizarlo, para ofrecer pruebas testimonial, pericial o lo que se considere pertinente, pero un conserje de la torre de apartamentos donde reside indicó que él ya no vive ahí, sino que alquila el departamento”, relató la abogada.
Ruiz fue asignada a la defensa técnica del integrante del tricolor, luego de que el diputado del mismo partido, René Portillo Cuadra, se negara a aceptar la ejecución de dicho papel. Este fue parte de la fórmula presidencial de Quijano, cuando buscaba la presidencia del país en 2014.
De acuerdo a los registros migratorios, el odontólogo de profesión se encuentra en Honduras desde el pasado 30 de abril, bajo el argumento de que buscaba en esa nación la colocación de la vacuna contra la COVID-19. En ese país, el proceso de inmunización contra el virus se ha desarrollado de manera pausada por falta del antídoto.
Incluso, el Presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, envió diversos cargamentos de vacunas a ese otro territorio centroamericano -liderado por Juan Orlando Hernández- con el fin de ayudar a la población hondureña a prevenir esta mortal enfermedad.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
