Política
HOMENAJE PÓSTUMO: Franzi Hato Hasbún es condecorado con el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, por el presidente de la República
El Presidente Salvador Sánchez Cerén condecoró este día de forma póstuma con la Orden Nacional José Matías Delgado, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, a Franzi Hato Hasbún, quien desempeñó importantes cargos políticos durante los gobiernos del FMLN, donde evidenció su vocación por la justicia social y por defender los derechos de los sectores más excluidos.
La Orden Nacional José Matías Delgado en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro es el máximo reconocimiento que confiere el Estado salvadoreño, y para el gobierno la labor realizada por Hato Hasbún en materia de diálogo y construcción de acuerdos, así como sus esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana, lo hacen merecedor de esta notable distinción.
La Orden fue impuesta por el Presidente a Irene Escapini de Hasbún, esposa de Hato Hasbún, en compañía de sus hijos Gabriel Hasbún Escapini y Patricia Hasbún Escapini.
“Es innegable la importancia de la figura de Hato Hasbún para El Salvador. Él fue uno de los principales impulsores de las políticas públicas que han dado múltiples beneficios al pueblo y facilitado el desarrollo del país”, dijo el estadista en la ceremonia realizada en el salón de honor Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de Casa Presidencial.
Entre 2009 y 2017, Hato Hasbún desempeñó con excelencia las funciones de secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, coordinador del Gabinete de Seguridad, segundo designado a la Presidencia de la República, ministro de Educación ad honórem, Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y secretario de Gobernabilidad.
Asimismo, durante su trabajo político asumió un rol importante y estratégico, liderando espacios de amplio consenso y negociación, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, arribando a acuerdos en aquellos temas más apremiantes para el país.
En sus años de mocedad, fue jugador profesional de fútbol en las filas del desaparecido Juventud Olímpica y del ahora renacido Sonsonate, equipos donde destacó con el manejo de su privilegiada zurda; también despuntó por su notable desempeño en el baloncesto, al punto de ser el integrante más joven de la selección nacional de esa disciplina en aquella época, destacó el Presidente en su mensaje.
Poseedor de un inquebrantable sentido del humor y palabra de consejo, don Hato –como le llamaban de cariño sus allegados-, fue un hombre de diálogo, capaz de sentar en una mesa a personas de distintos sectores, corrientes de pensamiento e intereses, con quienes siempre arribó a acuerdos de bien para El Salvador.
El gobernante señaló que Hasbún “fue un hombre ejemplar, un salvadoreño que tomó la valiente opción de caminar con el pueblo, y que dejó al país, con su obra de vida, un enorme legado a favor del desarrollo, el progreso y la unidad de la nación”.
El jefe de Estado aseguró que en 2014, al asumir su mandato y plantear un gobierno abierto al dialogo que permitiera enfrentar los temas prioritarios del país, estaba convencido de que Hato era la persona más indicada para estar al frente de los espacios de concertación, por esa razón lo nombró secretario de Gobernabilidad.
“Reconocemos que gracias a Hato la oposición política en muchas ocasiones se sentó en la mesa de negociaciones en Casa Presidencial, para dialogar y contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas del país”, dijo.
Recientemente, los municipios de Mejicanos y Zacatecoluca han rendido homenaje a Hato Hasbún denominando con su nombre iniciativas dedicadas a la juventud y a la prevención de la violencia, mientras que el salón de usos múltiples de Casa Presidencial fue nominado en su honor.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
