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Política

Gobierno pediría 15 días más a la Asamblea Legislativa para alargar régimen de excepción

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El Gobierno Central tiene previsto pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe prorrogar, durante 15 días más, el régimen de excepción que restringe temporalmente a los ciudadanos los derechos de reunión, libre tránsito y de no ser obligado a cambiar de domicilio.

“Aunque no se han cumplido, traeremos ahora mismo la petición para otros 15 días”, confirmó Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia de la República, antes de entrar a una reunión con los diputados que participan en la comisión Política de la Asamblea.

El propósito de la prórroga es que complemente la cuarentena domiciliar para todo El Salvador que ordenó el Gobierno el sábado 21 de marzo en la noche.

“Esta semana y la que viene serán los días más críticos de la pandemia”, aseguró.

Con 57 votos a favor y 25 en contra, los diputados aprobaron el 14 de marzo el régimen de excepción para enfrentar el coronavirus. Burocráticamente el decreto se llama Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para Atender la Pandemia COVID-19.

El artículo 1 establece: “Apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19, de los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la Libertad de Tránsito, al Derecho a Reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio, según las reglas que a continuación se estipulan”.

En cuanto a la restricción a la libertad de tránsito, esta se aplicará en casos específicos y con referencia concreta a las zonas que se verán afectadas mediante resolución fundamentada, ordenada por el Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud o la publicación del Decreto Ejecutivo correspondiente.

Dicha restricción “podrá referirse al ingreso de extranjeros al país, así como a la circulación en zonas consideradas de riesgo”.

También restringe el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito en atención a la pandemia del COVID-19; el Ministerio de Salud podrá prohibir mediante resolución fundamentada las reuniones de los habitantes, ordenándoles retornar a su domicilio o residencia, salvo que se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, las que deberán ser autorizadas por dichas autoridades de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos.

Cuando se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, los organizadores o responsables deberán dar aviso al titular del ministerio de Salud o el funcionario que este delegue con al menos diez días hábiles de anticipación, para su autorización y la determinación de las medidas sanitarias que deberán adoptarse.

La restricción temporal no comprende en ningún caso, restricción alguna a la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña, quien deberá cumplir con las medidas sanitarias que se dicten por las autoridades de salud pública, a la libertad de salir del territorio de toda persona, incluyendo a los funcionarios diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el país y sus familiares.

La Policía Nacional Civil, asimismo, deberá colaborar con las autoridades de salud y migratorias, para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco del control de la pandemia por COVID-19, con el propósito de evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de la población.

El funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que exceda sus facultades, viole deliberadamente por acción, por omisión, por dolo o culpa la Constitución, la ley reglamentos o protocolos establecidos vigentes, será sancionado conforme lo establece la ley.

El 21 de marzo el presidente Nayib Bukele anunció que el Gobierno había decidido imponer una cuarentena domiciliar durante 30 días como medida para evitar la propagación del COVID-19.

La cuarentena, sin embargo, tiene excepciones: trabajadores de los medios de comunicación, transporte público, restaurantes, de la Cruz Roja, Bomberos, farmacias y sistema financiero.

Los transportistas de carga también están exentos de las restricciones a la circulación durante la cuarentena domiciliar. Todas las personas autorizadas para circular deberán andar identificadas.

Podrá circular un miembro de cada familia para salir a comprar productos esenciales como alimentos y medicinas. Además, el sistema financiero continuará funcionando.

También las veterinarias estarán abiertas, pero solo se permitirá a una persona trasladar a sus mascotas en casos de emergencia.

Política

Nayib Bukele: «Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra»

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó este domingo cualquier confrontación militar con Honduras por la disputa territorial sobre la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele calificó el islote como “una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, respondiendo así al reciente acto encabezado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien visitó el territorio para conmemorar el 57 aniversario de la Guerra del Fútbol de 1969.
Bukele enfatizó la hermandad entre ambos pueblos centroamericanos y separó claramente el tema territorial del combate al narcotráfico. “Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos”, escribió. La declaración busca desescalar tensiones tras la izada de la bandera hondureña en el islote, reclamado históricamente por El Salvador.
El mensaje de Bukele acompañó un video de una ciudadana hondureña que, ante la falta de cupos quirúrgicos en su país, fue atendida de emergencia en el recién inaugurado Hospital Nacional Rosales de El Salvador. La paciente recibió una cirugía láser sin costo alguno y agradeció públicamente al mandatario salvadoreño por priorizar la salud. Este ejemplo ilustra la cooperación bilateral más allá de las diferencias limítrofes.
La Isla Conejo ha sido motivo de controversia durante décadas entre ambos países, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 que delimitó fronteras terrestres y marítimas en la región. Honduras ejerce control efectivo sobre el islote desde los años 80, mientras El Salvador mantiene su reclamo de soberanía. El acto de Asfura revivió memorias de la breve pero sangrienta guerra de 1969, que dejó miles de muertos y tensiones que aún persisten en la memoria colectiva.
Analistas ven en la respuesta de Bukele un tono pragmático que prioriza la estabilidad regional y el combate al crimen organizado en una zona estratégica del Pacífico. Mientras las relaciones diplomáticas se mantienen, el enfoque en temas comunes como la salud y la seguridad podría abrir vías para un diálogo constructivo entre Tegucigalpa y San Salvador, en un contexto de integración centroamericana.

El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso

El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.

Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.

Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

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Política

Colegio Médico de El Salvador rechaza apoyo a precandidato del FMLN: “Mantenemos postura apolítica”

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El presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMED), Dr. Iván Solano, aclaró de manera oficial que la institución no brindará respaldo al doctor Lito Aguirre, precandidato presidencial del FMLN.

La decisión se basa en el principio de neutralidad que rige al gremio médico del país.Durante una conferencia de prensa, directivos del Colegio Médico enfatizaron que la entidad no apoya a ningún partido político ni candidato.

El vicepresidente, Dr. Carlos Ramos, participó activamente en la exposición de esta posición, reforzando el mensaje de independencia institucional.“El Colegio Médico mantiene una postura apolítica y no brinda apoyo a partidos o candidatos”, señaló la directiva. Esta declaración busca disipar cualquier duda sobre posibles alianzas con el precandidato Aguirre, quien es médico de profesión.La noticia ha generado reacciones mixtas en redes sociales.

Algunos usuarios celebran la decisión como un ejemplo de profesionalismo, mientras otros cuestionan si realmente se mantiene la neutralidad, especialmente por el uso de símbolos médicos en actividades políticas.Expertos en política salvadoreña indican que este tipo de pronunciamientos son comunes en gremios profesionales durante periodos electorales, con el fin de evitar divisiones internas y preservar la credibilidad ante la sociedad.

De momento, ni el FMLN ni el doctor Lito Aguirre han emitido declaraciones oficiales sobre la posición del Colegio Médico. La situación continúa en desarrollo de cara a las próximas elecciones presidenciales en El Salvador.

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Política

Claudia Ortiz denuncia “graves irregularidades” en elecciones internas de VAMOS y cuestiona transparencia del proceso

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La diputada Claudia Ortiz denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en el proceso de elecciones internas del partido VAMOS, asegurando que las decisiones adoptadas por la dirigencia se alejaron de los principios democráticos con los que, según ella, nació la organización política. Sus declaraciones han abierto un debate sobre la transparencia de los mecanismos internos de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ortiz afirmó que, junto a otras autoridades del partido, expresó oportunamente su desacuerdo con cambios implementados durante el proceso interno. Entre los principales señalamientos mencionó la aplicación de criterios de evaluación no consensuados, una depuración del padrón de afiliados sin reglas claras y la implementación de un sistema de votación digital remota, medidas que, a su juicio, limitaron la participación y redujeron la apertura del instituto político hacia la ciudadanía.

La legisladora sostuvo que antes de hacer pública su postura agotó los mecanismos internos para intentar corregir el rumbo del proceso, pero aseguró que no encontró apertura para alcanzar acuerdos. «Agotamos las vías institucionales sin lograr los cambios necesarios», expresó en su pronunciamiento, en el que también manifestó preocupación por la forma en que se condujeron las elecciones internas.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue su afirmación de que no puede exigir democracia para el país mientras guarda silencio cuando considera que esos principios dejan de reflejarse dentro de la organización a la que pertenece. Ortiz aseguró que su compromiso político está basado en la defensa de la democracia, la justicia y la dignidad, por encima de cualquier estructura partidaria.

Las declaraciones de la diputada se producen en medio del proceso mediante el cual VAMOS definirá a sus candidatos para diputaciones y gobiernos municipales de cara a las elecciones generales de 2027. El partido ya había anunciado que no presentará fórmula presidencial y concentrará su participación en los comicios legislativos y municipales.

Hasta el momento, la dirigencia nacional de VAMOS no ha emitido una respuesta pública detallada sobre cada uno de los señalamientos planteados por Ortiz. Tampoco se ha informado oficialmente si las observaciones presentadas darán lugar a revisiones o modificaciones dentro del proceso interno.

El pronunciamiento de la legisladora ha generado diversas reacciones entre simpatizantes y analistas políticos, quienes consideran que las diferencias internas podrían influir en el futuro del partido, especialmente en un contexto en el que la oposición busca reorganizarse para las elecciones de 2027. Mientras algunos respaldan las denuncias de Ortiz, otros sostienen que las diferencias deberían resolverse mediante los mecanismos internos de la organización.

Por ahora, Claudia Ortiz ha reiterado que continuará trabajando por el proyecto de país que defiende, dejando claro que su permanencia política estará vinculada a espacios donde, según sus palabras, existan condiciones para ejercer una participación democrática, transparente y abierta a la ciudadanía.

 

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