Política
Gobierno pediría 15 días más a la Asamblea Legislativa para alargar régimen de excepción
El Gobierno Central tiene previsto pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe prorrogar, durante 15 días más, el régimen de excepción que restringe temporalmente a los ciudadanos los derechos de reunión, libre tránsito y de no ser obligado a cambiar de domicilio.
“Aunque no se han cumplido, traeremos ahora mismo la petición para otros 15 días”, confirmó Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia de la República, antes de entrar a una reunión con los diputados que participan en la comisión Política de la Asamblea.
El propósito de la prórroga es que complemente la cuarentena domiciliar para todo El Salvador que ordenó el Gobierno el sábado 21 de marzo en la noche.
“Esta semana y la que viene serán los días más críticos de la pandemia”, aseguró.
Con 57 votos a favor y 25 en contra, los diputados aprobaron el 14 de marzo el régimen de excepción para enfrentar el coronavirus. Burocráticamente el decreto se llama Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para Atender la Pandemia COVID-19.
El artículo 1 establece: “Apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19, de los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la Libertad de Tránsito, al Derecho a Reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio, según las reglas que a continuación se estipulan”.
En cuanto a la restricción a la libertad de tránsito, esta se aplicará en casos específicos y con referencia concreta a las zonas que se verán afectadas mediante resolución fundamentada, ordenada por el Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud o la publicación del Decreto Ejecutivo correspondiente.
Dicha restricción “podrá referirse al ingreso de extranjeros al país, así como a la circulación en zonas consideradas de riesgo”.
También restringe el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito en atención a la pandemia del COVID-19; el Ministerio de Salud podrá prohibir mediante resolución fundamentada las reuniones de los habitantes, ordenándoles retornar a su domicilio o residencia, salvo que se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, las que deberán ser autorizadas por dichas autoridades de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos.
Cuando se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, los organizadores o responsables deberán dar aviso al titular del ministerio de Salud o el funcionario que este delegue con al menos diez días hábiles de anticipación, para su autorización y la determinación de las medidas sanitarias que deberán adoptarse.
La restricción temporal no comprende en ningún caso, restricción alguna a la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña, quien deberá cumplir con las medidas sanitarias que se dicten por las autoridades de salud pública, a la libertad de salir del territorio de toda persona, incluyendo a los funcionarios diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el país y sus familiares.
La Policía Nacional Civil, asimismo, deberá colaborar con las autoridades de salud y migratorias, para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco del control de la pandemia por COVID-19, con el propósito de evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de la población.
El funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que exceda sus facultades, viole deliberadamente por acción, por omisión, por dolo o culpa la Constitución, la ley reglamentos o protocolos establecidos vigentes, será sancionado conforme lo establece la ley.
El 21 de marzo el presidente Nayib Bukele anunció que el Gobierno había decidido imponer una cuarentena domiciliar durante 30 días como medida para evitar la propagación del COVID-19.
La cuarentena, sin embargo, tiene excepciones: trabajadores de los medios de comunicación, transporte público, restaurantes, de la Cruz Roja, Bomberos, farmacias y sistema financiero.
Los transportistas de carga también están exentos de las restricciones a la circulación durante la cuarentena domiciliar. Todas las personas autorizadas para circular deberán andar identificadas.
Podrá circular un miembro de cada familia para salir a comprar productos esenciales como alimentos y medicinas. Además, el sistema financiero continuará funcionando.
También las veterinarias estarán abiertas, pero solo se permitirá a una persona trasladar a sus mascotas en casos de emergencia.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
