Política
FMLN pide a la Sala quitar facultad a Presidencia de remover comisionados del IAIP, Bukele reacciona en contra
Un grupo de integrantes y candidatos a diputados del FMLN presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que busca que se declare inconstitucional la facultad de la Presidencia de la República de remover comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Dicha facultad está contemplada en la Ley de Acceso de la Información, pero eso, de acuerdo con los demandantes, viola principios constitucionales.
“Creemos que se debe fortalecer la institucionalidad y respetar la independencia de este Órgano, es necesario que haya un entre contralor de las decisiones que tomen las oficinas del acceso a la información y el Instituto no solo debe mantener la independencia del Ejecutivo, sino asegurar el derecho ciudadano de tener acceso a la información pública”, expuso Idalia Zepeda.
Para Zepeda no se debería permitir que el presidente, en este caso Nayib Bukele, sea el mismo que juramente a los comisionados y que sea él mismo el que pueda cesarlos de sus funciones.
“Consideramos que se están violando principios constitucionales en que se permita que sea el mismo presidente de la República quien nombre las unidades de acceso a la información pública de todo el Ejecutivo y aparte sea quien nombre a los comisionados, y que sea el presidente quien los destituya”, agregó.
Los comisionados son electos por diferentes sectores de la sociedad social, pero es el mandatario quien los juramenta en sus funciones.
“Nos preocupa que hemos visto muchos casos en que funcionarios se ven involucrados con actos de corrupción y estos casos se deben de fortalecer con información que puede salir de las oficinas de acceso de las instituciones del Estado”, dijo.
La reacción de Bukele
En su cuenta de Twitter, el Presidente reaccionó a la petición y dijo que quieren declarar inconstitucional una ley que ellos mismos hicieron ya que ya no tienen el control del Ejecutivo.
“Ellos hacen la ley, la aprueban, la sancionan, la aplauden y la aplican, cuando el Presidente es de ellos… y ellos mismos la quieren declarar inconstitucional, cuando el Presidente ya no es de ellos. Derecho constitucional selectivo, la nueva doble moral”, tuiteó.
El Gobierno explicó que la iniciativa del partido de izquierda se debe a la destitución de la comisionada suplente del IAIP Cesia Yosabeth Mena, a quien señalan de ser asesora del FMLN “por lo que su presencia en dicho instituto podría significar un claro conflicto de intereses”, reza en un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Añaden que Mena laboró para la bancada legislativa del FMLN desde el 2014 a petición de Norma Guevara, exdiputada y exsecretaria general adjunta del partido.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
