Política
FMLN pide a la Sala quitar facultad a Presidencia de remover comisionados del IAIP, Bukele reacciona en contra
Un grupo de integrantes y candidatos a diputados del FMLN presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que busca que se declare inconstitucional la facultad de la Presidencia de la República de remover comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Dicha facultad está contemplada en la Ley de Acceso de la Información, pero eso, de acuerdo con los demandantes, viola principios constitucionales.
“Creemos que se debe fortalecer la institucionalidad y respetar la independencia de este Órgano, es necesario que haya un entre contralor de las decisiones que tomen las oficinas del acceso a la información y el Instituto no solo debe mantener la independencia del Ejecutivo, sino asegurar el derecho ciudadano de tener acceso a la información pública”, expuso Idalia Zepeda.
Para Zepeda no se debería permitir que el presidente, en este caso Nayib Bukele, sea el mismo que juramente a los comisionados y que sea él mismo el que pueda cesarlos de sus funciones.
“Consideramos que se están violando principios constitucionales en que se permita que sea el mismo presidente de la República quien nombre las unidades de acceso a la información pública de todo el Ejecutivo y aparte sea quien nombre a los comisionados, y que sea el presidente quien los destituya”, agregó.
Los comisionados son electos por diferentes sectores de la sociedad social, pero es el mandatario quien los juramenta en sus funciones.
“Nos preocupa que hemos visto muchos casos en que funcionarios se ven involucrados con actos de corrupción y estos casos se deben de fortalecer con información que puede salir de las oficinas de acceso de las instituciones del Estado”, dijo.
La reacción de Bukele
En su cuenta de Twitter, el Presidente reaccionó a la petición y dijo que quieren declarar inconstitucional una ley que ellos mismos hicieron ya que ya no tienen el control del Ejecutivo.
“Ellos hacen la ley, la aprueban, la sancionan, la aplauden y la aplican, cuando el Presidente es de ellos… y ellos mismos la quieren declarar inconstitucional, cuando el Presidente ya no es de ellos. Derecho constitucional selectivo, la nueva doble moral”, tuiteó.
El Gobierno explicó que la iniciativa del partido de izquierda se debe a la destitución de la comisionada suplente del IAIP Cesia Yosabeth Mena, a quien señalan de ser asesora del FMLN “por lo que su presencia en dicho instituto podría significar un claro conflicto de intereses”, reza en un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Añaden que Mena laboró para la bancada legislativa del FMLN desde el 2014 a petición de Norma Guevara, exdiputada y exsecretaria general adjunta del partido.
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
