Política
“Es un acto cobarde para silenciarme”, señaló la diputada de ARENA, Milena Mayorga, después de ser separada de la fracción
La Comisión Política de ARENA señala que Milena Mayorga transgredió varios artículos de los estatutos del partido, los mismos por los que fue acusado el diputado Gustavo Escalante, la semana pasada.
Las criticas que la diputada ha hecho a su partido le han valido las represalias de no ser convocada a las reuniones de la fracción desde hace varias semanas.
El Consejo Ejecutivo Nacional la acusa de las mismas violaciones que a Escalante, los literales a, c, d, y h del artículo 133 del reglamento del partido.
“Incumplir el código de ética y reglamentos, cometer, por parte de autoridades y demás miembros del partido conductas indebidas que comprometen los intereses o el prestigio del partido, dañar el honor, a la intimidad personal y propia imagen de las autoridades y miembros del partido, desacreditar los procesos internos que desarrolle el partido”, reza el referido artículo.
Mientras dura el proceso en su contra, el Tribunal le pidió que no participe en las reuniones del partido ni la de la bancada legislativa. Desde hace varios meses, Mayorga ha dicho que no se le convoca.
En su cuenta de Twitter compartió la carta y la acompañó con “Esta denuncia por parte del COENA y la COPOL es un cobarde acto para silenciarme e inhabilitarme políticamente”, agregó.
Debido a que infringir el artículo 133 es considerado una falta grave, Mayorga se enfrenta a la suspensión de sus derechos como miembro de ARENA y por consiguiente la inhabilitación de buscar un cargo público con los tricolores por hasta tres años.
Mayorga ha sido citada a un hotel capitalino, el martes nueve de julio, media hora antes que Gustavo Escalante, es decir; a eso de las cinco y media de la tarde.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
