El pasado martes, las autoridades procedieron a la captura de Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, catalogados como cabecillas de una estructura delincuencial que estafó a cientos de familias salvadoreñas con la venta ilegal de terrenos y otro tipo de propiedades, a través de la Corporación Argoz S.A. de C.V.

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados enfrentarán la justicia, por el momento, por 49 casos de estafa, comercialización irregular de inmuebles y por el delito de agrupaciones ilícitas.

Sin embargo, estos 49 casos se suman a las 111 denuncias interpuestas entre la Defensoría del Consumidor e igual número de familias que integran la asociación comunal del cantón La Joya, en Coatepeque, y a las más de 800 recabadas por los diputados de la Asamblea Legislativa entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

Este año, 76 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas al Código Penal para incorporar un delito que regule la comercialización irregular de lotes, lo cual se penaliza con condenas de entre 8 y 12 años de prisión.

La última serie de denuncias contra la lotificadora fue interpuesta el pasado 6 de noviembre de 2022, por más de 111 familias del cantón La Joya, en Coatepeque, Santa Ana, quienes acompañados por la Defensoría del Consumidor activaron una denuncia colectiva contra Argoz, por no entregar las escrituras luego de pagar el valor pactado de los inmuebles que habitan.

Ese día el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, expresó que la institución puso en marcha una serie de programas para consolidar un mayor acercamiento y efectividad de los servicios de asesoría, recepción y resolución de controversias de consumo.

LEGISLADORES RECABARON MÁS DE 800 CASOS

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, los diputados de la Asamblea Legislativa han recabado más de 800 del total de los más de 1,000 casos de estafa en los que ha incurrido Argoz S.A. de C.V.

El 23 de febrero de 2022, los legisladores entregaron a las autoridades, más de 500 denuncias para exigir los derechos de las familias salvadoreñas que han adquirido un terreno y no recibieron sus respectivas escrituras de propiedad.

Durante varios meses, los diputados realizaron un recorrido en La Libertad, La Paz, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Usulután para recolectar la documentación que hace constar la problemática calificada como «estafa».

«No poder disponer de una escritura de propiedad de un inmueble, que ha sido debidamente cancelado con esfuerzo y sacrificio, impide materializar una vivienda», expresó la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda.

Agregó, «centenares de familias pagaron sus lotes, pero la empresa (Argoz) no entregó las escrituras de propiedad».

Tres meses antes, el 8 de noviembre de 2021, los diputados Marcela Pineda, Raúl Castillo y Christian Guevara presentaron un aviso ante la Fiscalía en contra de Argoz, por haber estafado a 350 familias de las lotificaciones «Los Amberes» de Tapalhuaca y «San Pedro» en San Pedro Nonualco, ya que nunca recibieron sus títulos de propiedad.

Según los señalamientos, la lotificadora desde 1984 ha utilizado argucias legales para evadir investigaciones penales, ante denunciantes de los municipios de Tapalhuaca y San Pedro Nonualco, del departamento de La Paz.

De acuerdo a las investigaciones, dicha lotificadora llegaba a un municipio, y entregaban promesas de venta a salvadoreños que deseaban obtener su casa, pero cuando las familias presentaban sus recibos de pago, no se les entregaban sus propiedades, ni la documentación, detallaron los diputados.

Según los parlamentarios, Argoz ha implementado diversos mecanismos para evadir la justicia, y argumenta no contar con dinero, para devolver las escrituras a las familias, a pesar de tener un capital de más de $4 millones.

La diputada Pineda recordó que, en junio de 2021, con un total de 82 votos a favor, la nueva Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional que estipula penas de hasta 12 años de cárcel para las lotificadoras que incurran en delitos.