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Corporación Argoz acumula más de 1,000 denuncias por estafa con terrenos
El pasado martes, las autoridades procedieron a la captura de Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, catalogados como cabecillas de una estructura delincuencial que estafó a cientos de familias salvadoreñas con la venta ilegal de terrenos y otro tipo de propiedades, a través de la Corporación Argoz S.A. de C.V.
Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados enfrentarán la justicia, por el momento, por 49 casos de estafa, comercialización irregular de inmuebles y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, estos 49 casos se suman a las 111 denuncias interpuestas entre la Defensoría del Consumidor e igual número de familias que integran la asociación comunal del cantón La Joya, en Coatepeque, y a las más de 800 recabadas por los diputados de la Asamblea Legislativa entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.
Este año, 76 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas al Código Penal para incorporar un delito que regule la comercialización irregular de lotes, lo cual se penaliza con condenas de entre 8 y 12 años de prisión.
La última serie de denuncias contra la lotificadora fue interpuesta el pasado 6 de noviembre de 2022, por más de 111 familias del cantón La Joya, en Coatepeque, Santa Ana, quienes acompañados por la Defensoría del Consumidor activaron una denuncia colectiva contra Argoz, por no entregar las escrituras luego de pagar el valor pactado de los inmuebles que habitan.
Ese día el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, expresó que la institución puso en marcha una serie de programas para consolidar un mayor acercamiento y efectividad de los servicios de asesoría, recepción y resolución de controversias de consumo.
LEGISLADORES RECABARON MÁS DE 800 CASOS
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, los diputados de la Asamblea Legislativa han recabado más de 800 del total de los más de 1,000 casos de estafa en los que ha incurrido Argoz S.A. de C.V.
El 23 de febrero de 2022, los legisladores entregaron a las autoridades, más de 500 denuncias para exigir los derechos de las familias salvadoreñas que han adquirido un terreno y no recibieron sus respectivas escrituras de propiedad.
Durante varios meses, los diputados realizaron un recorrido en La Libertad, La Paz, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Usulután para recolectar la documentación que hace constar la problemática calificada como «estafa».
«No poder disponer de una escritura de propiedad de un inmueble, que ha sido debidamente cancelado con esfuerzo y sacrificio, impide materializar una vivienda», expresó la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda.
Agregó, «centenares de familias pagaron sus lotes, pero la empresa (Argoz) no entregó las escrituras de propiedad».
Tres meses antes, el 8 de noviembre de 2021, los diputados Marcela Pineda, Raúl Castillo y Christian Guevara presentaron un aviso ante la Fiscalía en contra de Argoz, por haber estafado a 350 familias de las lotificaciones «Los Amberes» de Tapalhuaca y «San Pedro» en San Pedro Nonualco, ya que nunca recibieron sus títulos de propiedad.
Según los señalamientos, la lotificadora desde 1984 ha utilizado argucias legales para evadir investigaciones penales, ante denunciantes de los municipios de Tapalhuaca y San Pedro Nonualco, del departamento de La Paz.
De acuerdo a las investigaciones, dicha lotificadora llegaba a un municipio, y entregaban promesas de venta a salvadoreños que deseaban obtener su casa, pero cuando las familias presentaban sus recibos de pago, no se les entregaban sus propiedades, ni la documentación, detallaron los diputados.
Según los parlamentarios, Argoz ha implementado diversos mecanismos para evadir la justicia, y argumenta no contar con dinero, para devolver las escrituras a las familias, a pesar de tener un capital de más de $4 millones.
La diputada Pineda recordó que, en junio de 2021, con un total de 82 votos a favor, la nueva Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional que estipula penas de hasta 12 años de cárcel para las lotificadoras que incurran en delitos.
El Salvador cerró el miércoles 14 de octubre sin registrar homicidios a escala nacional, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus redes sociales.
«Finalizamos el miércoles 14 de octubre, con 0 homicidios en el país», detalló la institución policial.
Con este resultado, el país acumula 248 días sin asesinatos en lo que va de 2026. En octubre se contabilizan 16 jornadas con cero homicidios, mientras que septiembre cerró con 24 días sin muertes violentas.
De acuerdo con los datos proporcionados, agosto registró 25 días sin homicidios; julio, 27; junio, 28; mayo, 26; abril, 27; marzo, 23; febrero, 24, y enero, 27.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas mediante el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
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¡TRAGEDIA EN LA RUTA MILITAR! Identifican a motociclista que perdió la vida en fatal accidente en San Miguel
Una nueva tragedia vial enluta a una familia salvadoreña. Las autoridades identificaron como Jesús Alberto Estrada Aregueta al motociclista que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 14 de octubre sobre la carretera Ruta Militar, en el departamento de San Miguel. El fallecimiento ha generado consternación tras conocerse la identidad de la víctima.
El fatal percance se registró en las inmediaciones del desvío hacia Comacarán, donde el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, cerca de la motocicleta en la que se conducía. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la escena del accidente, mientras conductores que transitaban por el sector se encontraron con la emergencia.
Equipos de socorro acudieron al lugar con la intención de auxiliar al motociclista; sin embargo, al verificar su condición, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) también se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el tránsito vehicular, que resultó afectado mientras se atendía la emergencia.
Hasta este jueves 15 de octubre, las causas del accidente no habían sido esclarecidas públicamente. Las autoridades policiales desarrollaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar posibles responsabilidades. El caso se suma a los hechos de tránsito que continúan cobrando vidas en las carreteras salvadoreñas, especialmente entre quienes se desplazan en motocicleta.
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de hasta 45 años de prisión a 14 integrantes de la estructura El Carmen, de la pandilla 18, por su participación en varios delitos.
De acuerdo con la información proporcionada, los pandilleros operaban en el municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán, específicamente en los distritos de El Carmen y su casco urbano, La Loma, cantón San Sebastián, cantón San Antonio y el sector de Barcelona.
Entre los imputados se encuentran dos palabreros, 11 homeboys y un colaborador civil, quienes fueron procesados por los delitos de robo, extorsión, amenazas, privación de libertad, homicidio, venta de droga y portación ilegal de armas de fuego.
Según el fallo judicial, los palabreros Roberto Carlos Vásquez, alias Western, y Cristian Roberto Molina García, alias Ángel Black, fueron condenados a 45 años de prisión. Ambos ordenaban los crímenes que cometían los demás integrantes de la estructura.
Por su parte, los 11 homeboys y el colaborador civil recibieron condenas de 30 años de prisión.
«Durante el juicio la Fiscalía expuso abundante prueba, incluyendo prueba testimonial que declararon en contra de la estructura, prueba pericial y análisis de tatuajes alusivos a la pandilla 18 Sureños que portaban los imputados», indicó el Ministerio Público.
Condenan a otros 51 imputados por agrupaciones ilícitas
En otro caso, el pasado 12 de octubre, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 51 imputados por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
De acuerdo con la resolución judicial, cinco integrantes de la estructura criminal, con el rango de homeboys y funciones de liderazgo, recibieron una condena de 45 años de prisión.
Los otros 46 procesados, identificados con el rango de paros o colaboradores, fueron condenados a 30 años de prisión por el mismo delito.
La juzgadora indicó que, como parte de las pruebas presentadas durante el proceso, se encontraron elementos en los dispositivos móviles de los imputados que los vinculan con la MS. Además, se confirmó la presencia de tatuajes alusivos a pandillas.
