Política
Diputados se comprometen en asignar presupuesto para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal
Los diputados de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa adquirieron el compromiso de gestionar recursos para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal (IBA), el cual será responsable de proteger y velar por el bienestar de los animales de compañía.
En 2016, legislatura 2015-2018 aprobó una Ley de Protección Animal que, pese a estar en vigencia, no ha sido aplicada porque no han existido los recursos ni los mecanismos para hacerla funcional.
«La ley anterior no tenía las herramientas necesarias, nosotros se la vamos a dar con la nueva ley. También queremos darle el presupuesto necesario para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal», aseguró la diputada de Nuevas Ideas Norma Lobo.
En el marco de la discusión de la nueva propuesta de ley, la viceministra de Agricultura y Ganadería, Lily Pacas, visitó la Comisión Agropecuaria para exponer detalles y escuchar sugerencias de los legisladores sobre el anteproyecto.
Los diputados y la funcionaria del MAG coincidieron en que la ley ha sido muy participativa y esperan que tengan todas las herramientas necesarias para su funcionamiento, ya sea con fondos del Estado o de organismos internacionales.
«Queremos una ley que no solo quede en papel, si no que proteja a los animales. Todos los aportes que estamos recibiendo serán de mucha utilidad para la discusión y aprobación», dijo el diputado de la Bancada Cyan Felipe Interiano.
En el anteproyecto se establece que debe de educarse a la población sobre la responsabilidad que implica el poseer una mascota, ya que se trata de seres vivientes que también tienen derechos.
La viceministra de Agricultura afirmó que en la ley se contempla un apartado en el que se menciona que el Ministerio de Educación podría impartir temáticas didácticas sobre la protección de animales.
«La Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía garantiza la educación y prevención del maltrato animal. El Ministerio de Educación incluirá en la currícula nacional el tema del bienestar animal”, explicó.
Agregó que están satisfechos por el anteproyecto de ley porque ha sido discutido por diversos sectores. El tema de bienestar animal es muy importante y ahora se están creando las herramientas para que crear una ley completa e íntegra para el bienestar de los animales en el país.
El anteproyecto también contempla sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan la normativa; sin embargo, antes se tiene que reformar el Código Penal para que se considere como un delito el maltrato animal. Con las reformas la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República podrían intervenir contra los abusadores de animales.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
