Política
Diputados se comprometen en asignar presupuesto para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal
Los diputados de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa adquirieron el compromiso de gestionar recursos para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal (IBA), el cual será responsable de proteger y velar por el bienestar de los animales de compañía.
En 2016, legislatura 2015-2018 aprobó una Ley de Protección Animal que, pese a estar en vigencia, no ha sido aplicada porque no han existido los recursos ni los mecanismos para hacerla funcional.
«La ley anterior no tenía las herramientas necesarias, nosotros se la vamos a dar con la nueva ley. También queremos darle el presupuesto necesario para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal», aseguró la diputada de Nuevas Ideas Norma Lobo.
En el marco de la discusión de la nueva propuesta de ley, la viceministra de Agricultura y Ganadería, Lily Pacas, visitó la Comisión Agropecuaria para exponer detalles y escuchar sugerencias de los legisladores sobre el anteproyecto.
Los diputados y la funcionaria del MAG coincidieron en que la ley ha sido muy participativa y esperan que tengan todas las herramientas necesarias para su funcionamiento, ya sea con fondos del Estado o de organismos internacionales.
«Queremos una ley que no solo quede en papel, si no que proteja a los animales. Todos los aportes que estamos recibiendo serán de mucha utilidad para la discusión y aprobación», dijo el diputado de la Bancada Cyan Felipe Interiano.
En el anteproyecto se establece que debe de educarse a la población sobre la responsabilidad que implica el poseer una mascota, ya que se trata de seres vivientes que también tienen derechos.
La viceministra de Agricultura afirmó que en la ley se contempla un apartado en el que se menciona que el Ministerio de Educación podría impartir temáticas didácticas sobre la protección de animales.
«La Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía garantiza la educación y prevención del maltrato animal. El Ministerio de Educación incluirá en la currícula nacional el tema del bienestar animal”, explicó.
Agregó que están satisfechos por el anteproyecto de ley porque ha sido discutido por diversos sectores. El tema de bienestar animal es muy importante y ahora se están creando las herramientas para que crear una ley completa e íntegra para el bienestar de los animales en el país.
El anteproyecto también contempla sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan la normativa; sin embargo, antes se tiene que reformar el Código Penal para que se considere como un delito el maltrato animal. Con las reformas la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República podrían intervenir contra los abusadores de animales.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
