Política
Diputado no partidario insiste en que políticos se reparten cuotas en elección CSJ
El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, dijo que los partidos políticos se están repartiendo coutas en relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y agregó que las fracciones se han reunido para elegir a magistrados que les convengan.
«Lamento tener que decir públicamente que se están repartiendo coutas en esta Asamblea Legislativa como se ha hecho siempre… No existió volutad para realizar una deliberación de cada perfil y lo que ha estado sucedido es reuniones entre fracciones para llegar a acuerdos de que magistrados les conviene a cada partido», expresó Bonilla.
El legislador dijo que esperaba que los partidos dejaran de hacer las cosas como se han estado realizando en el pasado y que se ha montado un «show» con la supuesta transparencia que hablan algunos diputados en el proceso.
«El reparto de cuotas es una forma bonita de decir que cada partido político es dueño de un magistrado, que le conviene para sus intereses muy particulares o de algunas de las personas que representen de un sector en particular, incluso hasta intereses empresariales… Acá es algo extremadamente grave y es corrupción con todas la palabra», manifestó.
Bonilla espera que lo que está denunciando se quede en el aire para el día de mañana en la comisión y que se elija a los magistrados indicados no a los que sirvan a los intereses de los grupos parlamentarios.
«Mi posición en este pleno es incómoda»
El legislador consideró que fue una falta de respeto de parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, haber silenciado su participación en la plenaria de la semana pasada en donde secundaba que se elegirá a los magistrados de la CSJ.
«Es una falta de respeto, un atropello, me retiré porque tenía una actividad y llamé a mi suplente pero la discusión continuó sobre el tema, yo estaba secundando una petición de modificación de agenda que había planteado otro diputado… Pero no se le interrumpió la palabra a mis antecesores ni a mis sucesores, solo a mí», valoró el independiente.
Bonilla cree que la actitud responde a las denuncias que hace sobre que los partidos se están repartiendo los cargos «mi posición en este pleno es incómoda» y eso se puede apreciar, según el diputado, en que solo a él se le quitó la palabra.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
