Política
Diputado no partidario insiste en que políticos se reparten cuotas en elección CSJ
El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, dijo que los partidos políticos se están repartiendo coutas en relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y agregó que las fracciones se han reunido para elegir a magistrados que les convengan.
«Lamento tener que decir públicamente que se están repartiendo coutas en esta Asamblea Legislativa como se ha hecho siempre… No existió volutad para realizar una deliberación de cada perfil y lo que ha estado sucedido es reuniones entre fracciones para llegar a acuerdos de que magistrados les conviene a cada partido», expresó Bonilla.
El legislador dijo que esperaba que los partidos dejaran de hacer las cosas como se han estado realizando en el pasado y que se ha montado un «show» con la supuesta transparencia que hablan algunos diputados en el proceso.
«El reparto de cuotas es una forma bonita de decir que cada partido político es dueño de un magistrado, que le conviene para sus intereses muy particulares o de algunas de las personas que representen de un sector en particular, incluso hasta intereses empresariales… Acá es algo extremadamente grave y es corrupción con todas la palabra», manifestó.
Bonilla espera que lo que está denunciando se quede en el aire para el día de mañana en la comisión y que se elija a los magistrados indicados no a los que sirvan a los intereses de los grupos parlamentarios.
«Mi posición en este pleno es incómoda»
El legislador consideró que fue una falta de respeto de parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, haber silenciado su participación en la plenaria de la semana pasada en donde secundaba que se elegirá a los magistrados de la CSJ.
«Es una falta de respeto, un atropello, me retiré porque tenía una actividad y llamé a mi suplente pero la discusión continuó sobre el tema, yo estaba secundando una petición de modificación de agenda que había planteado otro diputado… Pero no se le interrumpió la palabra a mis antecesores ni a mis sucesores, solo a mí», valoró el independiente.
Bonilla cree que la actitud responde a las denuncias que hace sobre que los partidos se están repartiendo los cargos «mi posición en este pleno es incómoda» y eso se puede apreciar, según el diputado, en que solo a él se le quitó la palabra.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
