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Política

Avanza el escrutinio final de los resultados de la elección presidencial en El Salvador

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El escrutinio final para conocer los resultados definitivos de la elección presidencial del pasado domingo comenzó ayer por la tarde en un hotel de la capital, donde se instalaron 51 mesas de trabajo integradas por representantes de los seis partidos políticos que compitieron.

Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó previo a la instalación de las mesas que hoy podría concluir dicho trabajo. «Van a tener rápido ese escrutinio, prácticamente tenemos todas las actas», dijo Wellman en torno a la elección presidencial del 4 de febrero, en la cual, según el conteo preliminar, hubo un claro ganador: Nayib Bukele, que obtuvo poco más de 1,662,313 votos con el 70.25 % de las actas escrutadas.

Los magistrados del TSE juramentaron el pasado martes a los miembros de las mesas para el escrutinio final, quienes contarán voto por voto para completar el 29.5 % de las actas electorales de los comicios presidenciales que no se transmitieron efectivamente el pasado domingo desde las juntas receptoras de votos (JRV) a causa de fallas técnicas en el sistema de tecnología.

Noel Orellana, magistrado del TSE, explicó que en las mesas de escrutinio hay un representante de cada partido político, como lo establece la ley; además, el organismo electoral está dándoles facilidades para que el proceso de revisión de las actas transmitidas y el conteo de voto por voto se desarrollen de la mejor manera. Por ello, aseguró que estiman finalizar con el conteo de votos de la elección legislativa dentro de 10 días.

«Hemos contabilizado casi el 80 % de las papeletas en el caso de presidente de la república, y creo que en el caso de los diputados, si bien es cierto que vamos a empezar de cero, eso va a venir a transparentar y a desvanecer todos esos señalamientos que algunos representantes o candidatos han hecho al TSE», expresó Orellana.

Para el escrutinio final de la elección legislativa se instalarán unos 400 espacios de trabajo en el Estadio Jorge «Mágico» González», en San Salvador. «No me quiero casar con una fecha exacta, pero creemos que en 10 días el Tribunal Supremo Electoral estará preparado para confirmarles a nuestros compatriotas y ciudadanos en el territorio nacional cómo quedaría conformada nuestra Asamblea Legislativa», afirmó ayer el magistrado Orellana.

La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, aseguró el martes pasado, durante la juramentación de las mesas de escrutinio final, que habrá resultados en la brevedad posible y que serán transparentes, porque la revisión de las papeletas y el conteo de voto por voto serán observados por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República, observadores electorales nacionales e internacionales, la junta de vigilancia electoral, partidos políticos y medios de comunicación.

De hecho, medios de prensa tuvieron ayer acceso a los salones donde están las mesas de escrutinio final de la elección presidencial, realizando dos recorridos y confirmando que el trabajo avanzaba.

Más temprano, el magistrado Wellman fue enfático en señalar que, a pesar de las fallas del sistema de transmisión de actas, siempre se respetó la cadena de custodia para el traslado de las papeletas y actas de ambas elecciones. «Son errores que pueden darse. Tenemos la mayoría de las actas transmitidas.

Después que salgamos de esto vamos a hacer para la población un comunicado, porque creo que hay que respetar la voluntad de la gente», dijo Wellman.

Política

Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa

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El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.

Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.

El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.

La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.

El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.

La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.

«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.

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Política

Asamblea aprueba reforma que allana el camino para eliminar la deuda política

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La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.

Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.

De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.

Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.

«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.

La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.

«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.

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Política

Bancada Cyan solicita la eliminación de la Deuda Política

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El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.

Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.

De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.

Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.

Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.

Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.

Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.

En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.

La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.

Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.

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