Política
Asamblea Legislativa recibe petición para mantener el régimen de excepción en El Salvador
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernestro Castro recibió este martes, una nueva solicitud del Gobierno para prorrogar el régimen de excepción en El Salvador y así continuar protegiendo a la población ante la agresión de los grupos de pandillas.
La Asamblea Legislativa, en pleno, someterá a aprobación una octava extensión de la ley.
Nueve de cada 10 salvadoreños respalda las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele según confirma los resultados de la encuesta desarrollada por CID-Gallup en septiembre pasado.
Para el presidente Nayib Bukele no hay argumentos de la oposición que puedan ganarle a los exitosos resultados que mantiene al país en una nueva realidad en materia de seguridad. Por ello es necesario continuar con la implementación del régimen de seguridad como parte de las acciones del Plan Control Territorial.
Según las autoridades, en los siete meses de vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad del Gobierno han capturado a 57,492 terroristas, quienes permanecen en los penales, más de 50,000 han pasado a la siguiente etapa del proceso, en la cárcel, por órdenes de los jueces.
A los grupos criminales se les ha confiscado 1,829 armas de fuego de diversos calibres, abundante munición, 2,216 vehículos automotores, 13,418 teléfonos celulares y $1.4 millones en efectivo.
Entre los vehículos decomisados a los pandilleros están 125 vehículos confiscados en septiembre que fueron entregados a las distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) y ocho unidades más a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Uno de los mayores resultados con la entrada en vigor del régimen de excepción es la baja sostenida de homicidios. Este mes suman 10 días con cero homicidios, así lo han dicho las autoridades.
En total, se contabilizan seis periodos de entre seis y nueve días consecutivos sin homicidios este año; la primera fue registrada entre el 14 y el 20 de mayo; la segunda entre el 16 y 23 de julio; una tercera entre el 10 al 19 de agosto; otro entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, además, entre el 18 y el 28 de octubre, y entre el 6 y 12 de noviembre.
“Gracias a estas medidas valientes, nuestro país, por fin, está conociendo la paz. Hoy gozamos de la tranquilidad que por tanto tiempo se nos negó”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
