Política
Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto general de la nación para 2024
La Asamblea Legislativa aprobó anoche con 67 votos, en la sesión plenaria ordinaria número 137, la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2024, así como el proyecto de Ley de Salarios del mismo año.
El presupuesto para el próximo año asciende a $9,068.7 millones y ha tenido un crecimiento de $166.1 millones que equivale el 1.9 % en comparación con el presupuesto aprobado para el 2023, el cual fue de $8,902.7 millones.
Para 2024, el Gobierno ha priorizado tres áreas: salud, educación y seguridad, a las cuales se les ha asignado el mayor monto entre el resto de los ramos.
Educación es la que mayor cantidad de fondos recibirá con un total de $1,566.9 millones, con un crecimiento de $64.4 millones en comparación a la presentada en el 2023; al ramo de Salud le asignaron $1,261.2 millones; mientras que se asignarán $866 millones para Seguridad, aumentando en $27.2 millones.
Los legisladores de Nuevas Ideas destacaron que este presupuesto es el más alto en la historia de El Salvador y que servirá principalmente para que el Ejecutivo continúe realizando obras a favor de la seguridad de los salvadoreños, así como para la niñez y adolescencia en el ámbito educativo y permitirá la construcción y mejoras de la red de hospitales públicos del país.
En el plan de gastos se ha incorporado también la construcción del viaducto de la carretera Los Chorros, el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa, entre otras infraestructuras aseguran los legisladores de la bancada cian.
Previo a la aprobación de la Ley del presupuesto, los diputados de la comisión de Hacienda realizaron un estudio que duró varias semanas, tras recibir la propuesta del presupuesto que presentó el Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Hacienda. Para dicho análisis los legisladores recibieron en las sesiones de trabajo a ministros y titulares de las instituciones gubernamentales, quienes expusieron y justificaron el presupuesto proyectado para las entidades estatales.
Además, la Asamblea Legislativa también aprobó con 64 votos, el dictamen favorable que autoriza al Ejecutivo a que coloque bonos en los mercados internacionales por $338.6 millones, o que haga contratación de préstamos con el propósito de garantizar que El Salvador tenga los fondos suficientes para hacer frente a la brecha presupuestaria del próximo año. «Este año, recibimos de parte de Hacienda el proyecto de brecha fiscal 2024. Ha sido un trabajo exhaustivo y de disciplina reducirlo a $338.6 millones. En el pasado, los presupuestos estaban desfinanciados a un nivel insostenible», expresó el diputado de la bancada cian, William Soriano.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Política
Raquel Caballero continuará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Para continuar velando por la protección e integridad de los salvadoreños y evitar vulneraciones en contra de estos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 57 votos, a Raquel Caballero de Guevara como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La funcionaria fue juramentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para que cumpla un tercer periodo al frente de dicha institución. Su cargo iniciará este 16 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2028.
Dicho nombramiento forma parte del compromiso parlamentario de elegir en el tiempo establecido —y de forma transparente y democrática— a los funcionarios de segundo grado, tal como lo establece la Constitución de la República.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que la Comisión Política verificó la información de cada uno de los aspirantes y las entrevistas fueron abiertas, para garantizar un proceso transparente «como siempre se ha hecho”.
Perfil de la procuradora electa
Caballero de Guevara es abogada y notaria de la República. Desempeñó su primer período en la PDDH de 2016 a 2019 y el segundo fue de 2022 a 2025.
Además, es presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
También, es representante ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y es coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.
Entre los logros de su segunda gestión destaca la firma de más de 168,000 acciones de protección para la ciudadanía, según expuso en la Comisión Política, durante el proceso de entrevistas.
En dicha jornada también detalló que en su administración se han trabajado cuatro ejes en apoyo a la población, atendiendo 51,715 procesos.
De estos: 22,339 corresponden a orientaciones (asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las personas a conocer, proteger y ejercer sus derechos); 6,062 a expedientes de acción inmediata (registros de diligencias); 3,379 expedientes de investigación que están en trámite y 19,935 solicitudes sobre personas privadas de libertad —reportadas desde años anteriores— por causa de la delincuencia.
Además, se ha saldado la mora histórica que existía en la institución, al dar seguimiento y resolución a 27,000 expedientes rezagados desde la creación de la entidad, en 1992.
Entre sus objetivos de trabajo para este nuevo periodo, Caballero expuso que dará continuidad al proceso de modernización de la Procuraduría y la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
