Política
Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto general de la nación para 2024
La Asamblea Legislativa aprobó anoche con 67 votos, en la sesión plenaria ordinaria número 137, la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2024, así como el proyecto de Ley de Salarios del mismo año.
El presupuesto para el próximo año asciende a $9,068.7 millones y ha tenido un crecimiento de $166.1 millones que equivale el 1.9 % en comparación con el presupuesto aprobado para el 2023, el cual fue de $8,902.7 millones.
Para 2024, el Gobierno ha priorizado tres áreas: salud, educación y seguridad, a las cuales se les ha asignado el mayor monto entre el resto de los ramos.
Educación es la que mayor cantidad de fondos recibirá con un total de $1,566.9 millones, con un crecimiento de $64.4 millones en comparación a la presentada en el 2023; al ramo de Salud le asignaron $1,261.2 millones; mientras que se asignarán $866 millones para Seguridad, aumentando en $27.2 millones.
Los legisladores de Nuevas Ideas destacaron que este presupuesto es el más alto en la historia de El Salvador y que servirá principalmente para que el Ejecutivo continúe realizando obras a favor de la seguridad de los salvadoreños, así como para la niñez y adolescencia en el ámbito educativo y permitirá la construcción y mejoras de la red de hospitales públicos del país.
En el plan de gastos se ha incorporado también la construcción del viaducto de la carretera Los Chorros, el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa, entre otras infraestructuras aseguran los legisladores de la bancada cian.
Previo a la aprobación de la Ley del presupuesto, los diputados de la comisión de Hacienda realizaron un estudio que duró varias semanas, tras recibir la propuesta del presupuesto que presentó el Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Hacienda. Para dicho análisis los legisladores recibieron en las sesiones de trabajo a ministros y titulares de las instituciones gubernamentales, quienes expusieron y justificaron el presupuesto proyectado para las entidades estatales.
Además, la Asamblea Legislativa también aprobó con 64 votos, el dictamen favorable que autoriza al Ejecutivo a que coloque bonos en los mercados internacionales por $338.6 millones, o que haga contratación de préstamos con el propósito de garantizar que El Salvador tenga los fondos suficientes para hacer frente a la brecha presupuestaria del próximo año. «Este año, recibimos de parte de Hacienda el proyecto de brecha fiscal 2024. Ha sido un trabajo exhaustivo y de disciplina reducirlo a $338.6 millones. En el pasado, los presupuestos estaban desfinanciados a un nivel insostenible», expresó el diputado de la bancada cian, William Soriano.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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